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¿Por qué fue creíble durante el fin de semana la versión de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echaría mano de los fondos del IMSS, del ISSSTE y hasta de las afores para completar su dispendioso gasto público?

Porque es totalmente posible que este régimen pudiera hacer algo así. Porque es un hecho que los costos de sus obras faraónicas se han disparado de los montos originalmente planteados y no hay transparencia de cuánto se destina al gasto de sus programas clientelares.

Porque a estas alturas de la administración está claro que no salen las cuentas entre el descomunal gasto, los reducidos ingresos tributarios, sus expectativas de crecimiento y la evidente apuesta de disparar el gasto entre el 2023 y el 2024 con fines electorales.

Porque este régimen despilfarró 300,000 millones de pesos ahorrados durante décadas para una eventual crisis y dejó prácticamente en ceros esos fondos de contingencia.

Y básicamente porque las modificaciones que diputados de Morena, el Partido Verde y el PT hicieron a la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria para capitalizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios así lo permiten, aunque la Secretaría de Hacienda jure que nunca será su intensión.

Hacienda dice que hay leyes que impiden usar para complementar el gasto público las reservas del ahorro para el retiro, de las instituciones de seguridad social o los bonos de pensiones. Pero la Constitución y el T-MEC también prohíben la discriminación con la que tratan a las empresas energéticas privadas y lo hacen. La Carta Magna impide el manejo de la Guardia Nacional por parte del Ejército y sucede.

Es así como se gesta una crisis. Cuando las cuentas públicas empiezan a no cuadrar hacia finales del sexenio, cuando tienen que sacarse de la manga modificaciones legales como ésta y cuando está claro que si algo se ha perdido a lo largo de estos años de la 4T es la confianza de los mercados.

Las abuelitas lo explicaban con gran simpleza: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y si realmente es del interés de este régimen heredar alguna fortaleza financiera al gobierno que venga a partir de octubre del 2024, lo primero que deberían hacer es no dar estos sospechosos albazos legislativos.

Y si tan preocupados están ahora por el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), lo hubieran cuidado desde el principio y no hubieran derrochado casi todos los 300,000 millones de pesos que heredaron en ese guardadito esencial para las finanzas públicas.

Además, un fondo para emergencias no se hace con las cuentas por pagar del gobierno federal, sino con recursos constantes. Así como ellos lo recibieron.

No es pues una buena señal que el gobierno de López Obrador se saque de la manga esta modificación legal, sin discusión ni advertencia, que abre la puerta para completar el oneroso gasto público.

¿Alguien espera que los senadores oficialistas hagan algo diferente a la instrucción recibida por los obedientes diputados del Presidente?

¿Qué les podría impedir que ese guardadito del FEIP que juran que es para dar solidez al siguiente gobierno no se lo quieran gastar tan pronto como el siguiente año o el 2024?