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Una mujer reclusa juega con su hijo en la bebeteca del Cereso de Chicoloapan, en Ecatepec. Foto de EFE / Archivo

La asociación civil Reinserta se pronunció a favor del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para modificar diversas disposiciones en la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de mujeres privadas de la libertad con sus hijas e hijos.

De acuerdo con el Diagnóstico de Maternidad en México existen casi 13 mil mujeres en prisión y alrededor de 500 menores de edad con sus madres en la cárcel.

Celebramos que dentro del dictamen se hayan tomado en cuenta mejores condiciones para las y los niños que cuentan con un referente adulto privado de la libertad”, dijo en un comunicado.

Reinserta describe como un acierto que se regule la presencia de médicos especialistas en pediatría para atender a los niños, si bien advirtió que se deben garantizar los medicamentos e insumos necesarios.

Añadió que es importante que la separación de las madres de sus hijos debe darse de manera paulatina y sensible, a través de talleres de acompañamiento, una vez que el menor cumpla la edad máxima permitida para habitar la cárcel.

Pese a las consideraciones la asociación civil mostró preocupación por lo corto del dictamen en cuanto a que la autoridad penitenciaria ‘procurará’ que la convivencia entre mujeres privadas de la libertad con sus hijos se realice en condiciones que garanticen el bienestar superior de la infancia.

Hacemos un llamado a las y los integrantes del poder legislativo a incluir las regulaciones pertinentes a fin de contar con partidas presupuestarias en los diversos fondos federales y locales con recursos económicos destinados a la creación, adecuación y mantención de espacios libres de violencia que permitan el desarrollo de las niñas y niños, y el ejercicio de una parentalidad positiva.”

Reinserta agrega que es importante salvaguardar la maternidad y el desarrollo de las niñas y niños sin la necesidad de habitar en la cárcel.

De este modo urgió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a establecer centros de desarrollo infantil para que las niñas y niños dentro de la cárcel no se vean afectados en cuanto al desarrollo y acceso a su derecho de educación.

Con información de López-Dóriga Digital