Esa decisión, esa selectividad legal, dejó muy claro a qué se refería aquello de abrazos y no balazos
Cuando en octubre del 2019 detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que dio la orden de ponerlo en libertad de inmediato, antes de presentarlo ante un ministerio público para cumplimentar una orden de extradición a Estados Unidos que hasta hoy se mantiene vigente.
Poner así en libertad a un delincuente que ya estaba en poder del Ejército Mexicano es, al final un delito. Una más de las decisiones presidenciales que pueden pasar por encima de la ley pero que se justifican en el nombre de algo que López Obrador cree superior a la legalidad.
Esa decisión, esa selectividad legal, dejó muy claro a qué se refería aquello de abrazos y no balazos.
Los hechos de violencia recientes en varias entidades del país, al menos en Jalisco, Guanajuato y Baja California, fueron una reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación a la intervención de fuerzas armadas federales en una cumbre de integrantes de esta agrupación en la que habrían participado Ricardo Ruiz Velazco, alias “el RR”, y Gerardo González Ramírez, alias “el Apá”, cabecillas de ese grupo criminal y donde inicialmente trascendió que se había capturado al “RR”.
Pasaron las horas y el nombre del presunto delincuente no apareció en el Sistema del Registro Nacional de Detenciones, por lo que al final sólo quedaron las huellas de los actos terroristas de esos grupos delincuenciales.
De este episodio y de todos los demás actos violentos que ocurren todos los días en el país solo queda una certeza y esa es que lo que la 4T llama estrategia de seguridad simplemente no funciona.
La precaria seguridad pública, la falta de estado de derecho y la impunidad tienen efectos en la vida diaria de los agentes económicos y costos adicionales para los que emprenden o toman decisiones de compra en este ambiente.
De acuerdo con datos del Inegi, durante el 2020 los delitos en México implicaron 278,000 millones de pesos en pérdidas económicas, mientras que las medidas preventivas contra los actos delictivos tienen un costo superior a los 130,000 millones de pesos.
Al momento de decidir una inversión productiva, todos estos costos en seguridad y los riesgos que implica operar en México, o en determinadas zonas del país, son evaluados dentro del costo de oportunidad y es un hecho que limita las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
Las empresas que deciden tomar el riesgo e invertir suelen incorporar los costos de seguridad y de sus pérdidas ante la delincuencia en el precio de sus productos, lo que evidentemente eleva los precios al consumidor.
Hay muchos mercados que están, de hecho, controlados por bandas delictivas que determinan los precios de ciertos bienes o servicios.
También, las personas físicas reconsideran sus gastos, por ejemplo, de un automóvil, joyería o hasta un bien inmueble, en función de su percepción de inseguridad.
Esa violencia que alcanza ya la ejecución de actos de terror no son propaganda, ni exageraciones de los conservadores. La violencia, la inseguridad, la impunidad tienen un costo muy elevado para todos.
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