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El fiscal especial Omar Gómez Trejo insiste en la perversidad de investigar a los investigadores del caso Iguala en lugar de practicar las diligencias que resolverían el caso demostrando cuál fue el destino de Los 43 de Ayotzinapa y a los responsables de la masacre llevarlos a prisión, incluido su protegido Juan, el sanguinario Gildardo López Astudillo, El Gil de Guerreros Unidos, por cuyas mentiras nada más falta que se le premie con un pato laqueado como el que Emilio Lozoya no pudo saborear a gusto.

Ir ahora contra los peritos Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, porque sus dictaminaciones le estorban para fabricar una “verdad alterna”, ilustra el uso infame y a conveniencia de la recomendación que hizo hace casi tres años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, si bien determinó irregularidades en la incursión de Tomás Zerón al río San Juan (con la participación de agentes ministeriales, policiales y peritos), precisó también que no tenía el menor indicio que respaldara la afirmación de que se hubiesen sembrado evidencias, como sugirió el insidioso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (del que Gómez Trejo fue achichincle con el cargo de “secretario técnico”).

La Fiscalía manipula esa recomendación para lo que le conviene, ya que la temática del río San Juan está contenida en uno solo de los 36 apartados del documento legado a la 4T por la Oficina Especial del caso Iguala que creó Luis Raúl González Pérez.

¿Por qué Gómez Trejo no se enfoca en el fondo de su encargo y deja de andarse por las ramas? ¿Por qué su jefe, Alejandro Gertz Manero, se lo permite? ¿Por qué tenaz y sistemáticamente ambos se niegan a cumplir con la propuesta de que se haga un análisis genético en la Universidad de Innsbruck a 114 restos óseos? La respuesta es que intuyen que se les acabará el negocio de lucrar con el dolor de los deudos (a quienes también utilizan sin pudor alguno). A los peritos Mauricio y Patricia se les responsabiliza de obstaculizar “la administración de la justicia”.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación arguyó que ambos perdieron dos de los restos óseos hallados en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 y que pudieron haber pertenecido a los estudiantes. ¿No que se trataba de una “siembra”? Vaya tamaña canallada: el juez no consideró que, cuando se dio el hallazgo, el perito médico Mauricio Cerón trabajó en una situación extraordinaria porque parte de lo que iba encontrándose corría el riesgo de perderse en el cauce del río.

Según los protocolos, debía calificar y salvaguardar las “evidencias” y esto es exactamente lo que hizo al entregárselas a Patricia Gómez, quien la examinó, determinó que ¡era de aves! y la dejó a la orilla del San Juan. Se perdieron, pues, dos pinches huesos de pollo. Pero si entre los del basurero de Cocula y el río se recuperaron ¡más de 63 mil fragmentos…!