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El hecho de haber vivido los primeros 20 años de este siglo con estabilidad macroeconómica y con un escenario donde era posible hacer planes a futuro, no garantiza que tales condiciones se pueden mantener en adelante.

Y mientras más difícil se hace el poder presupuestar el futuro, más complicado se vuelve cumplir con las metas individuales y de país.

La pandemia del Covid-19 nos recordó que no hay nada garantizado, ni salud ni economía. Sin embargo, dentro de lo impredecible siempre hay que tender a construir certezas, como individuos y como país, que nos permitan proyectar dónde nos queremos ver en el futuro.

En México se está perdiendo la posibilidad de hacer planes a futuro. Con la velocidad a la que se radicaliza la 4T hasta las certezas que hemos tenido de legalidad y apego a la democracia parecen hoy inciertas.

Tan sólo en lo que va de año, tres leyes secundarias pretenden pasar sobre la Constitución. Una en materia eléctrica, otra del ámbito petrolero y una más que, a través de un artículo transitorio, busca violentar el principio básico rector de la no reelección.

Desaparecer organismos autónomos, recopilar la información biométrica de la población, aniquilar al árbitro electoral si los resultados del 6 de junio no les favorecen. El aparato del Estado está volcado para hacer campaña y no hay manera de frenarlo a través de aplicar las leyes vigentes.

Pueden parecer temas ajenos a la mayoría de los ciudadanos, pero el conjunto de señales contrarias al orden legal acabará por trastocar esa estabilidad de la que hemos gozado por décadas.

Hoy ya no es tan fácil hacer un plan viable, ni en lo personal ni en los negocios, que permita tener certezas a un plazo de por lo menos cinco años.

Es muy rápido el traspaso de las decisiones contrarias a la estabilidad legal y democrática a la confianza de los agentes económicos. Y no se trata sólo de la ausencia de nuevas inversiones directas de las empresas nacionales o extranjeras. Es la realidad de verdaderos ataques de pánico financiero que afecten a los mercados de manera profunda y acelerada.

La calificación crediticia de México no es un tema que tengamos presente, pero la amenaza está latente, sobre todo por el efecto que Pemex pueda tener en las finanzas públicas y un episodio de desconfianza generado por cuestiones políticas podría acelerar esas decisiones de degradación crediticia.

La polarización social puede salirse de los cauces del discurso divisor para llegar a la acción violenta y no son pocos los territorios claramente controlados por la delincuencia organizada.

Si México se sale de esos cauces esperados para un país de leyes, ya no hay garantía de ningún indicador, ni tasas de interés, ni tipo de cambio, ni inflación, nada. La estabilidad es integral o simplemente no existe. La estabilidad no es un valor garantizado.

Hoy, pues, es muy difícil hacer una proyección macroeconómica seria de aquí al 2026, porque hoy ni siquiera hay certezas de que para ese año habrá cambiado la composición del gobierno actual, como lo marca la Constitución. De ese tamaño.