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El gobierno se ha militarizado y los militares se han vuelto gobierno en proporciones que rompen las reglas no escritas de los últimos 70 años, desde que empezó el ciclo de gobiernos civiles de la Revolución Mexicana, en 1946.

No es verdad que desde entonces el Ejército desapareció de la política, pero si es verdad que tomó un lugar subordinado en ella, un lugar de poca visibilidad y de ninguna ambición de poder por fuera de las reglas civiles.

No hubo desde entonces en los militares pretensión alguna de hacerse del poder a la manera de sus colegas latinoamericanos, supliendo o induciendo crisis del poder civil, como en el año de 1968, en que el propio presidente Díaz Ordaz dijo haber sentido que el poder se lo había regresado su secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán.

Las fuerzas armadas mantuvieron la lealtad al régimen civil a cambio de autonomía y prebendas corporativas, en una especie de mundo aparte, de sólidas prestaciones y negocios particulares, propios de su implantación territorial, donde la autonomía de negociación de los mandos con su entorno era casi absoluta, sujeta solo a las reglas escritas y no escritas de la propia corporación.

La historia de las complicidades de miembros del Ejército con el narcotráfico es uno de los territorios de esa autonomía.

La llamada guerra de Calderón, a partir de 2007, multiplicó la presencia de las fuerzas armadas en el territorio narco.

No podemos decir que hayan cumplido la tarea de limpiar lo que les ordenaron.

Por el contrario, su intervención dio paso al oscuro periodo en que aún estamos, donde las bandas, los delitos, los delincuentes y los muertos no hacen sino crecer.

A la vista de este fracaso, el candidato López Obrador prometió que sacaría a los militares de las calles; pero ya en el poder, como presidente, hizo lo contrario: llenar el gobierno y las calles de militares dedicados a hacer cosas que no habían hecho hasta ahora.

La lógica de esta expansión no responde ya primordialmente a la decisión de combatir el crimen o garantizar la seguridad, sino al deseo de suplir funciones del gobierno mismo, en cierto sentido, a suplir al gobierno civil, cada día más un gobierno civil/militar.