Dichos estímulos también implican un fuerte deterioro en la salud de unas finanzas públicas que ya estaban en una trayectoria preocupante antes de la llegada de la pandemia
El cese de actividades durante varios meses generado por la pandemia provocó una inédita, profunda e inmediata recesión. Ante esta situación, las autoridades financieras de Estados Unidos implementaron una serie de medidas contracíclicas para estimular la economía. Dichas medidas se dan en dos vertientes principales: política monetaria y política fiscal.
En esta edición de Sin Fronteras nos concentraremos en analizar el impacto, tanto en el corto como en el largo plazo, de las iniciativas de estímulo fiscal en Estados Unidos.
Entre marzo y julio, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de estímulos de aproximadamente $2.5 billones de dólares, equivalente a alrededor de 12% del PIB. Con la llegada de la temporada invernal, un repunte en el número de casos diarios y la expiración de algunos de los apoyos al empleo y a los negocios, la necesidad de una nueva ronda de estímulos fiscales se ha vuelto cada vez más evidente.
Aunque es muy posible que la creciente polarización política provocada por la cercanía de las elecciones en Estados Unidos dificulte la aprobación de un nuevo paquete de estímulos, las discusiones en el Congreso podrían resultar en un nuevo plan por otro billón de dólares, lo cual elevaría el total de estímulos fiscales a una cifra equivalente a 17% del PIB.
Los estímulos fiscales juegan un papel fundamental para evitar que la recesión deje secuelas permanentes, reduciendo considerablemente el riesgo de que dicha recesión se convierta en una depresión. Sin embargo, dichos estímulos también implican un fuerte deterioro en la salud de unas finanzas públicas que ya estaban en una trayectoria preocupante antes de la llegada de la pandemia.
Vale la pena recordar que el déficit público en EU pasó de 3.1% del PIB en el 2016 a 4.7% en el 2019, mientras que la relación deuda-PIB aumentó de 65% en el 2007 a 109% en el 2019.
La combinación de una contracción en el PIB para el 2020 y el fuerte incremento en la deuda pública resultante de los estímulos fiscales podría llevar la relación deuda a PIB por arriba de 120 por ciento.
Para cualquier otro país, este fuerte incremento en el déficit público y en los niveles de endeudamiento se hubiera traducido en un considerable deterioro en la balanza de pagos y una depreciación de la moneda.
Sin embargo, el estatus indiscutible del dólar como moneda reserva a nivel global contribuye a mantener una fuerte demanda por activos financieros dolarizados –principalmente deuda de largo plazo emitida por el Tesoro estadounidense– que permite financiar el creciente déficit sin la necesidad de una fuerte depreciación en el dólar.
Aunque el incremento en el déficit y los niveles de endeudamiento son preocupantes en el largo plazo, en el corto y mediano plazos son manejables porque las tasas de interés, tanto de corto como largo plazos, se encuentran muy cerca de 0% y porque la Fed se ha convertido en un comprador prácticamente ilimitado de deuda emitida por el gobierno.
No obstante, en el mediano plazo es indispensable modificar la trayectoria de déficit y endeudamiento, lo cual muy probablemente requerirá de una reforma fiscal que aumente la recaudación y una considerable moderación en el ritmo de crecimiento del gasto público.
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