El ataque de Jalisco Nueva Generación dista mucho de ser algo eventual, ocurrente o fortuito (por más que haya fracasado en su objetivo)
Las tres personas que perdieron la vida (dos policías y una vendedora de quesadillas cuya hermana herida sobrevive) en el atentado contra Omar García Harfuch fueron asesinadas por sicarios, pero la responsabilidad de sus muertes es del gobierno federal por mantener una irresponsable política de pasividad ante la delincuencia.
Y horror: a la familia de la difunta le dan pinches 10 mil pesos de “indemnización”.
Que al desastroso comportamiento gubernamental ante la creciente narcoviolencia le llamen “estrategia de seguridad” es un agraviante contrasentido: los encargados de garantizarla no muestran cualidades básicas de estrategas, a saber: habilidad para tomar decisiones, planear acciones y lograr resultados. Priva en ellos desorientación para alcanzar objetivos precisos y nada de lo que dicen o hacen permite confiar en que tienen un programa de trabajo contra la criminalidad.
Por fortuna, la regla de abrazos, no balazos tiene sus excepciones, entre las que refulge la profesional del secretario de Seguridad capitalina, quien salvó su vida, no por seguir “protocolos” de cuidado, sino de combate: en vez de atenerse a guardaespaldas ocasionales, trabaja desde hace años con un equipo de leales con sólida capacitación y experiencia policiaca.
El ataque de Jalisco Nueva Generación dista mucho de ser algo eventual, ocurrente o fortuito (por más que haya fracasado en su objetivo): el 4 de junio, en Tonalá, fue victimado el director interino del penal de Puente Grande, Marcos Andrés Corona Baltazar, y 12 días después lo fueron el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas, y su esposa Verónica Barajas.
La banda parece actuar así por la equívoca señal, ojalá involuntaria, de que la 4T quiere mantener una buena relación con la pandilla de El Chapo Guzmán (liberación de Ovidio y deferencias inauditas con la madre del capo), y ha de tomar como amenaza directa el decreto por el que las fuerzas armadas (Ejército y Marina), aun contra la Constitución, pueden actuar como virtual policía.
El presidente López Obrador insiste en mantener su política de “sentido social” frente al crimen, a través de banales esfuerzos presupuestales para dizque neutralizar “sus causas”.
Tal propósito implica una premisa falaz: los criminales delinquen por ser pobres, aunque lo cierto sea que la mayoría de nuestros millones y millones de pobres no son delincuentes.
La violencia tampoco es generada por los gobiernos de ayer (se la achacan a Calderón) ni hoy, sino por las organizaciones que a “plata o plomo” se han ido apoderando de regiones y estados.Una institución ajena a veleidades ideológicas o políticas, el Ejército, previno en 2006 que la delincuencia organizada estaba poniendo “en riesgo la viabilidad del país”.
De los riesgos físicos a las personas preocupa que el Presidente diga: “Me cuida el pueblo”.
Él y centenares de funcionarios deben corregir y volver a los blindados y a las escoltas. Negarse refleja no tener idea de gobierno.
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