La pulsión favorita del actual gobierno, desmantelarlo todo y empezar de nuevo, está presente en su discurso contra el INE y contra la democracia mexicana
La pulsión favorita del actual gobierno, desmantelarlo todo y empezar de nuevo, está presente en su discurso contra el INE y contra la democracia mexicana.
Según ese discurso la democracia no ha empezado en México, solo ha sido una simulación, y el INE su instrumento.Desconocemos la reforma electoral que hay en la cabeza del gobierno, pero no algunos de sus ingredientes:Revocación de mandato, ya aprobada. Consultas populares, ya aprobadas. Reducción a la mitad del financiamiento político a los partidos, por legislar. Disminución o eliminación de la representación proporcional, por legislar.
Las demás piezas de la reforma que andan en el aire son disparos contra el INE.Primero, poner el padrón electoral en manos de la Secretaría de Gobernación. El Presidente ha dicho que no insistirá en esto, pero la petición formal de Gobernación no ha sido retirada.
Segundo, eliminar los Organismos Públicos Electorales, los famosos OPLEs, para que el INE absorba la responsabilidad de todas las elecciones.Se trata de una ampliación de responsabilidades que parece fortalecer al INE pero que en realidad debilitaría su capacidad de ejecución.Tercero, crear consejos estatales, en sustitución de los OPLEs, con consejeros nombrados por mayoría simple en la Cámara de Diputados, es decir, por Morena.
Cuarto, modificar retroactivamente el plazo de gestión del consejero presidente del INE, para iniciar presidencias rotativas elegidas cada tres años por la mayoría de los diputados.
Los riesgos de ineficiencia y de regresión democrática que hay en estos ingredientes del guiso, son claros, pero esos mismos riesgos no han detenido al gobierno en ninguno de sus otros cortes con el pasado: de la cancelación del aeropuerto al nuevo sistema de salud.
La cirugía dura descrita tiene un límite temporal y un límite político. El temporal es que debe mandarse al Congreso antes del 31 de mayo, pues las leyes electorales no pueden cambiarse en los 90 días previos al inicio del proceso electoral, que empieza en septiembre.
El límite político es que la reforma exige una mayoría constitucional en el Congreso. No es un gran límite: el gobierno lo ha cruzado ya varias veces, para oprobio de una oposición partidista allanada al partido en el poder.
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