Qué mal debe andar nuestro país donde el gobierno federal y el estatal se sientan a negociar con organizaciones criminales, porque enfrentarlas no supone el fin de la ilegalidad, sino más muerte y más dolor
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:
+ Nos están
abandonando a la muerte…
Habitante de Chilapa, Guerrero
El pasado enero, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio decidió abandonar Guerrero y la dirección del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”. El padre Velázquez era párroco interino de la parroquia de San Cristóbal, Mezcala; llegó ahí a sustituir al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue asesinado. Durante dos años y medio ha contado con la custodia de guardias nacionales, después de haber sido baleado por una de las bandas del crimen organizado. Las amenazas han sido continuas a partir de su papel como mediador entre las bandas rivales, Los Ardillos y Los Tlacos; últimamente subieron de tono y eso lo llevó a tomar la decisión de irse de Guerrero.
El pasado abril, una célula criminal secuestró a Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. El suceso tuvo lugar a los tres días de que la policía estatal, junto con fuerzas federales, detuvieran a Juan N, alías Goku, presunto jefe criminal en el municipio. Y para rematar el mes, bolsas y cajas de plástico con partes humanas fueron arrojadas en la carretera Tlapa-Olinalá.
Y así podríamos ir mes por mes, semana por semana, con eventos por demás graves. Así es la realidad en Guerrero.
El suceso más reciente es el ataque a los poblados de Xicotlán, Tula, Tepila y Acahuhuetán, del municipio de Chilapa, Guerrero. Las cifras oficiales hablan de cien familias desplazadas, pero la gente de las localidades refiere que mil personas de origen indígena tuvieron que abandonar sus hogares ante los ataques perpetrados por Los Ardillos durante seis días, empezando el 5 de mayo. En las agresiones, este grupo delincuencial utilizó drones artillados. Para el día 11, diez cadáveres fueron hallados en carreteras de Guerrero y cinco guardias comunitarios del Consejo de Pueblos Indígenas de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ) perdieron la vida.
Las fuerzas del orden federal y estatal tardaron tres días en reaccionar. Para el día 8 se acercaron a la zona, pero la Organización por la Paz y la Justicia (OPJ), brazo de Los Ardillos, bloqueó la vía de acceso a la altura de Quechultenango. Más allá del bloqueo, debió de ser su actitud belicosa la que disuadió a las fuerzas del orden de seguir adelante.
Seis días después de que se iniciaran las agresiones, un centro de mando se instaló en Chilpancingo y ahí están reunidos la gobernadora, Evelyn Salgado; usted, doña Rosa Icela; y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez. No me lo podía creer cuando leí que el subsecretario había enviado un comunicado a “las partes en conflicto”: de una parte, el CIPOG-EZ y, de la otra, está la OPJ que, como ya mencioné, está vinculada a Los Ardillos. Yáñez se comunicó con los líderes de los grupos en conflicto, a quienes “solicitó terminar con las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden”.
El grupo delincuencial de Los Ardillos está tan empoderado, tanto en armamento como en bases sociales, que desafía abiertamente el monopolio de la violencia por parte del Estado. Prueba de ello es que las fuerzas del orden no los quisieron enfrentar; como declaró el secretario Omar García Harfuch, para “evitar una confrontación (…) y proteger y preservar a la población”. Habrase visto.
¿Por qué la agresión a Chilapa? Porque está en la ruta para el trasiego de droga y de todos los negocios ilícitos de Los Ardillos, comandados por Celso Ortega Jiménez. No es la primera vez; en 2015 ya hubo un evento similar, cuando Los Ardillos buscaban desplazar a Los Rojos; en 2020 fueron acusados, más nunca condenados, de asesinar a 10 integrantes del grupo Sensación Musical. Más recientemente, Los Ardillos están en confrontación con Los Tlacos y varios otros grupos delincuenciales, disputándose los corredores y otros negocios ilícitos como el derecho de piso de todas las actividades productivas en la entidad, desde bares, restaurantes, producción y distribución de carne y pollo, etc., etc.
Pero Los Ardillos ya van un paso adelante: quieren el control político de los municipios. Cómo olvidar el asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, en 2024, después de una reunión en la que no habrían llegado a un acuerdo. A decir del sacerdote Filiberto Vázquez, Los Ardillos -y para el caso los demás grupos delincuenciales- buscan nombran a los Secretarios de Seguridad Pública, así como los titulares de otras secretarías donde hay presupuesto o se recauda dinero.
Celso Ortega lleva 20 años al frente de Los Ardillos. ¿Hasta cuándo?
Qué mal debe andar nuestro país donde el gobierno federal y el estatal se sientan a negociar con organizaciones criminales, porque enfrentarlas no supone el fin de la ilegalidad, sino más muerte y más dolor.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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