Otálora Malassis detalló que quienes hacen las leyes deben escuchar a la autoridad administrativa y judicial para evitar vacíos o incongruencias
Janine Otálora Malassis, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), detalló que la actual Ley electoral, modificada en el año 2014, demuestra inconsistencias e incongruencias que no garantizan equidad en la contienda ni certeza jurídica.
En entrevista para Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Otálora Malassis detalló que quienes hacen las leyes deben escuchar a la autoridad administrativa y la judicial para evitar vacíos o incongruencias de cara a futuros procesos electorales.
El problema para nosotros es de una ley mal hecha, que no se armonizó en su totalidad. El que sufre es el sistema electoral y el ciudadano. No se logra dar certeza en muchos aspectos, todo mundo puede sentarse y revisar dónde están estas incongruencias y contradicciones para hacer una ley bien hecha y no una parchada, que es lo que acabó saliendo de este proceso de reforma electoral de 2014″, externó.
“Son errores que afectan las bondades que pudo tener esta reforma. Llevar a cabo esta armonización sin escuchar tanto a la autoridad administrativa y la judicial sería un error nuevamente porque vamos a tener vacíos o incongruencias. Escucharnos en cuanto a qué es lo que hace más viable al sistema. Suelen haber reformas después de cada comicio, que tiene que ser bajo el principio de racionalidad jurídica, ampliando el debate a todos los sectores de la sociedad”, argumentó.
La magistrada presidente del TEPJF detalló el el órgano electoral que preside tuvo problemas en resolver impugnaciones de los 18 mil cargos, en donde llegaron al extremo de dictaminar minutos antes de que tomaran posesión de su cargo los candidatos, como ocurrió en la alcaldía de Monterrey, la cual fue anulada.
Se vio un problema para resolver todas las impugnaciones relativas a 18 mil cargos que tomaban posesión escalonados en dos o tres meses, que primero tienen que revisar los tribunales locales, luego las salas regionales, y esto nos llevaba a nosotros a tener que conocer unos asuntos en 48 horas y resolver a unas cuantas horas de la toma de posesión. Esto es un problema sumamente delicado porque puede afectar la calidad de la justicia que estamos dando. Hay que recepcionar nuevamente sobre si procede esta concurrencia de elecciones o si se regresa a una anterior, en el que había elecciones en cuatro, cinco o seis entidades”, expresó.
“Cuando discutimos este asunto, una de las primeras cosas es que las instancias anteriores a la nuestra habían tardado tres meses en resolver una elección en Monterrey, y a nosotros nos dieron solamente cinco o seis días, estábamos sesionando al cuarto para las doce. Y parece que la Sala Superior es la que está entorpeciendo resoluciones en tiempo, y esto se debe a la concurrencia y al hecho a que los tribunales no tienen plazos fijos para resolver las controversias”, detalló.
Otra de las cosas que se tendrá que legislar en la próxima actualización de la reforma electoral es la revisión de dónde proviene el dinero que llega a las campaña, por lo que se tendrá que actualizar el sistema de fiscalización en este sentido.
“Yo considero que el rebase de tope de gastos de campaña con ciertos requisitos puede dar origen a la nulidad de la elección, pero hay una parte que nadie revisa, que es de donde provino ese dinero con el que se rebasó el tope de gastos, que no provino del financiamiento público. Lo que quiere la ciudadanía es saber de dónde viene ese dinero que no es público, hay que revisar el sistema de fiscalización”, dijo.
Con información de López-Doriga Digital
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