El peor escenario

Los tomadores de decisión han encargado encuestas para hacer un pronóstico del comportamiento de los votantes, en vísperas de la elección judicial. La interpretación de los resultados no es concluyente: si bien tres cuartas partes de los electores cree que la reforma que obliga a la renovación de jueces, magistrados y ministros traerá un cambio, aquellos que expresan que acudirán a las urnas dentro de 15 apenas son 28% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.

Y los votantes probables, según esos estudios demoscópicos —de circulación restringida entre dirigentes empresariales y legisladores de oposición— serían 23% de los electores. ¿25 millones de votos en un proceso electoral abigarrado y poco socializado?

Los estrategas y publicistas que han asesorado a los candidatos calculan que las estructuras morenistas —ya sea con los “acordeones” o por las cuotas que ya se han impuesto a legisladores y alcaldes— podrán movilizar a 20 millones de electores. “Los operadores van a obedecer a una lógica corporativa, por grupos de candidaturas”, refiere uno de los consultores políticos que asesora a aspirantes a la SCJN. “Otros partidos, sindicatos y organizaciones civiles también están involucradas. Sobre todo, los gobernadores tienen el compromiso de que esta elección sea concurrida y no tenga visos de ilegitimidad”.

La oposición ha debatido largamente sobre la utilidad de su voto en los comicios del próximo 1 de junio, sobre una premisa incontestable: en las condiciones actuales, recurrir al voto popular para designar a jueces, magistrados y ministros constituye un error histórico que pone en riesgo la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad democrática de México.

Entre la abstención y un “voto bronca”, hay una mayoría significativa —electores no partidistas, de clase media y media-alta— que podría llegar al 5% de votantes. “Van a salir a votar porque conocen a un candidato o porque están convencidos de que la justicia debe ser impartida por expertos seleccionados por su trayectoria”, estiman los estrategas, “y también hay jóvenes que sienten curiosidad por el proceso y han declarado su intención de votar, aunque lo más probable es que no lo hagan”.

Serían cinco millones de votos —siempre de acuerdo con esas estimaciones— tirados a la basura y que solo servirían para legitimar una elección viciada de origen. Otro segmento de la sociedad civil organizada y de las organizaciones partidistas apostaría por la observación ciudadana como herramienta fundamental para evidenciar las irregularidades del proceso electoral judicial y demostrar que, por sus graves deficiencias, este mecanismo nunca debió haberse implementado.

La observación de los comicios del 1 de junio, consideran los menos optimistas, transcurre entre la simulación y engaño. Por lo pronto, de acuerdo con el último reporte del INE, ya se rompió el récord de solicitudes, con 900,000 registros. Apenas 10% han sido admitidos.

Efectos secundarios

SUSPICACIAS. Financiera del Bienestar no tiene prisa para asignar el contrato para la prestación de servicios TIC’s en las sucursales del organismo financiero más importante dentro de la 4T. Ante las quejas de algunos participantes en la licitación LA-06-KCZ-006KCZ002-N-8-2025, la primera convocatoria fue declarada desierta, pero el consorcio formado por Concepto Libre Mexicano, ND Negocios Digitales y VCP Tecnología, sigue siendo el único capaz de cumplir con los equipos tipo F y el software de licenciamiento perpetuo solicitado, gracias a su oferta basada en productos DELL. Las quejas ya son atendidas en la oficina del titular de la Secretaría de Hacienda, donde el mensaje es claro: en todos los procesos hay auténtica libre competencia.

AFINIDADES. María Tanivet Ramos Reyes renunció al órgano garante de la transparencia en Oaxaca apenas a dos años de iniciado su periodo como comisionada. Claudia Sheinbaum había ganado la elección presidencial y en el equipo de transición requerían expertos en la materia y enfilar en la sustitución del Inai. Ella misma y su madre, la exdiputada perredista Norma Reyes, tuvieron cargos relevantes durante la administración de Alejandro Murat y por lo mismo, habían sido marginadas por la administración de Salomón Jara, particularmente Tanivet, quien no obtuvo respaldo cuando denunció los abusos del presidente del OGAIPO. La nueva titular de Transparencia para el Pueblo ya tiene un equipo de trabajo, encabezado por Francisco Raúl Álvarez Córdoba, recién nombrado director general de Asuntos Internacionales e Información, quien tendrá que hacer frente a antiguos cuestionamientos en su época como funcionario del Inai, que en su momento casi evitaron su llegada al Comité de Participación Ciudadana del SNA.