La reforma de Zedillo

Vaya que si la reaparición pública del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) provocó reacciones. Tanto entre los antilopezobradoristas, como en los simpatizantes de la 4T. A éstos, los calificó como los “nuevos antipatrias” por querer transformar a la democracia mexicana en otra tiranía.

Tal atrevimiento le atrajo una carretada de insultos que no termina. Desde aquellos inanes que le reclaman no haberse expresado hasta ahora (sin tomar en cuenta que radica en el extranjero desde hace casi dos décadas) hasta quienes reclaman su responsabilidad en hechos funestos como la matanza de Acteal y lo catalogan como vocero de la mafia del poder. Como un hipócrita, porque justo hace tres décadas él sacudió al Poder Judicial con una reforma constitucional.

“Si se me acusa de ser parte de ese viejo régimen que llevó a nuestro país a ser democrático, me declaro absolutamente culpable y orgulloso”, reviró el exmandatario en una de las últimas entrevistas concedidas antes de la clausura del Congreso Mundial de la International Bar Association.

Con inmutable conciencia, Zedillo rompió con una de las viejas reglas del presidencialismo: abstenerse de intervenir en los asuntos internos. Romper ese voto de silencio, tras casi un cuarto de siglo de entregar la banda presidencial, le resultó ineluctable por un hecho que ocurrió casi al mismo tiempo de su reaparición pública: la publicación del decreto que da plena vigencia a la reforma constitucional en materia judicial.

El reconcomio, pero sobre todo la responsabilidad están detrás de su decisión. Y es que justo hace 30 años, en una de las primeras y más polémicas decisiones de su sexenio, el exmandatario priista renovó completamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Poder Judicial que se construyó desde entonces es el que fenecerá con la reforma aprobada por la mayoría morenista. Una atrocidad —reclamó Zedillo— que sus perpetradores han ejecutado con tan mala leche que lo culpan de los males del pasado.

La ausencia de controles y contrapesos adecuados en el Congreso y el Poder Judicial antecedieron su decisión. “Para que la justicia sea realidad, deben cumplirse varias condiciones clave como leyes adecuadas, su aplicación imparcial y un acceso universal y equitativo al sistema judicial”, resumió. “Estas condiciones no son posibles sin un Poder Judicial profesional, imparcial e independiente, encabezado por una Corte Suprema con esos mismos atributos y además con la facultad adicional de declarar inconstitucionales las leyes y las acciones del gobierno cuando así lo sean”.

Zedillo —candidato sustituto de Luis Donaldo Colosio y electo en uno de los años más convulsos del siglo XX mexicano— había prometido un Poder Judicial independiente durante su campaña. Y a los cinco días de asumir la presidencia envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional.

Era de tal dimensión esa propuesta que el Presidente —ya en funciones— decidió comparecer ante ambas cámaras del Congreso de la Unión para convencer a las fuerzas políticas allí representadas de su compromiso con una agenda reformista, que materializara la transición democrática.

El cambio en el sistema judicial era el primer paso. El error de diciembre y su ruptura con el salinismo ralentizaría la agenda reformista del zedillismo, que culminaría con la reforma electoral que ciudadanizó al IFE y pavimentó la ruta de la alternancia.

El Ejecutivo dialogó con la oposición. Negoció, no impuso. En materia judicial, el objetivo era establecer una Corte verdaderamente independiente, nunca subordinada al Ejecutivo. Y por lo mismo estableció un método para seleccionar a los ministros del Alto Tribunal, a través de ternas sometidas a la aprobación del Senado. Para proponerlas, se consultaría a barras de abogados, instituciones académicas de Derecho y distinguidos juristas.