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No hay pronósticos fáciles para el comportamiento de la economía mexicana para el 2024, porque los factores internos van a pesar mucho en su desempeño.

Pero son todavía más complicadas las estimaciones de cómo podrían estar las condiciones de la economía y las finanzas nacionales a partir del 2025, porque lo que habrá de ocurrir el próximo año será determinante para la suerte futura del país.

El siguiente es año electoral y será uno de intervención directa y descarada del Presidente en ese proceso. No sólo en su discurso sino en el uso presupuestal, más todos los dictados que le queden en los nueve meses de gobierno que le restan a López Obrador.

Es totalmente impredecible, pero es absolutamente deseable que la siguiente administración se pudiera estrenar con una reforma fiscal que permita corregir todos los desequilibrios que habrá de heredar López Obrador.

Tendría que ser a estas alturas del próximo año cuando se estuvieran dando los toques finales a una reforma fiscal que acompañe a la siguiente administración desde su primer año de gobierno.

Si lo que priva es la continuidad a secas y se mantiene el obradorato en manos de otra persona y se mantienen los lugares comunes, no habrá ninguna reforma fiscal y seguirán en aumento los desequilibrios fiscales por la presión creciente del gasto y con ello el aumento de la deuda pública en proporción del Producto Interno Bruto.

En este escenario, tan pronto como se tenga claridad de la falta de ingresos para cubrir los crecientes compromisos de gasto, es muy probable que el primer año de gobierno del continuismo se estrene con una baja en la calificación crediticia de alguna de las tres grandes firmas.

Si la opción de la continuidad se atreve a tomar distancia de los dictados de su gran tlatoani, se podrían generar algunas modificaciones fiscales menores que corren el riesgo de tener tintes ideológicos y lastrar a muchos agentes económicos. En el nombre de no alterar los principios populistas, podría haber cambios tributarios en las víctimas fiscales de siempre.

En este caso, se podrían desacelerar muchas actividades económicas sobre todo relacionadas con el mercado interno y si dejan avenidas de evasión por cuestiones político-electorales se podría fomentar un aumento de la informalidad.

Y si la alternativa es un triunfo opositor no habría duda que se propondría una reforma fiscal integral, que repare los enormes daños fiscales que ha dejado este régimen y que traten de regenerar la confianza perdida en este país, tanto de manera interna como externa.

Sin embargo, en ese escenario, los remanentes del régimen, que no serán pocos, habrán de complicar la gobernabilidad del país.

Otro escenario es que haya un gobierno de un color y un Congreso dominado por los contrarios. Por el nivel de polarización sembrado por López Obrador, será difícil que se pudiera llegar a acuerdos y, dependiendo la composición de las Cámaras, hasta las negociaciones presupuestales podrían ser difíciles.

No hay pues un panorama sencillo en materia política, por más que haya necesidades impostergables de recomponer el rumbo económico-financiero.

Por ello es que un pronóstico, que es más bien un buen deseo, es que a estas alturas del próximo año se estén dando los últimos toques a un paquete fiscal que incluya una reforma fiscal estructural.