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No hay huracán o pandemia que saque al presidente Andrés Manuel López Obrador de su guión original, si la realidad es que el país entró en la peor recesión en 100 años tras el cierre de actividades por el SARS-CoV2 y si Acapulco fue devastado por un fenómeno de las dimensiones de Otis, pues ese es problema de la realidad.

López Obrador llegó al poder con una idea fija: controlar el presupuesto para que en su nombre se repartieran dádivas asistencialistas y construir un puñado de obras faraónicas de infraestructura que, según él, lo inscribirían en la historia del país.

La pandemia de Covid-19 dejó en México 626,000 muertos, de acuerdo con un informe sobre exceso de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, y dejó también una tasa de pobreza laboral de 44.5% durante el 2020, la más alta en la historia, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Ese exceso de mortandad y ese disparo en la pobreza son responsabilidad directa del gobierno federal que dejó a la gente a su suerte, sin la atención médica suficiente y sin ayuda gubernamental para enfrentar la crisis.

Sin embargo, este régimen no tuvo ningún costo político por ello. La maestría en el manejo de la propaganda y el desbordante carisma presidencial libraron a López Obrador de cualquier rendición de cuentas. Por eso, ¿qué pueden esperar los damnificados de Guerrero respecto a las políticas del gobierno federal? Más de lo mismo.

El fin de semana los diputados obedientes del Presidente aprobaron en comisiones el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024 sin un centavo para la atención de la emergencia en Acapulco.

Esto, mientras los legisladores de oposición proponían un fondo con recursos petroleros, tomados de la subestimación del precio aprobada en la Ley de Ingresos, y la suspensión de las obras emblemáticas del Presidente.

La mañanera de ayer no empezó con el recuento de los daños tras el paso de Otis, inició con la sección de la construcción del Tren Maya, porque en palacio no pasa nada, la vida y obras siguen su curso.

El remate fue la negativa presidencial a crear un fondo con los excedentes petroleros que deje la diferencia entre el precio estimado en la Ley de Ingresos de 56.70 dólares por barril y los precios de mercado, hoy arriba de los 75 dólares por barril.

Un fondo para Acapulco con esa asignación sería posible, auditable, controlable e institucional. Pero eso es justamente lo que este régimen no quiere. Y como López Obrador ya dijo que no, sus obedientes legisladores de Morena, Verde y Trabajo sólo tienen la misión de cumplir su voluntad.

La idea presidencial es que el mexicano que quiera o que necesite, sea por pandemia o por huracán, tiene que comer de su mano, de lo que él ofrezca, nada más y nadie más.

El plan era etiquetar 100,000 millones de pesos de excedentes petroleros para Acapulco, pero el plan de Palacio es dar una dádiva de manos de las Fuerzas Armadas y de los Servidores de la Nación a cambio de la gratitud electoral hacia el Presidente.