Todo indica que la comisión y la fiscalía temen que sean identificados más estudiantes y se corrobore la solidez de la detestada “verdad histórica”
La prueba más ominosa de que ni la comisión de la verdad ni la fiscalía especial del caso Iguala tienen interés en “resolverlo” es la criminal negativa de enviar 114 restos óseos a la universidad de Innsbruck para su identificación genética.
Desde que la promovió la entonces respetable CNDH que ha chatarrizado su sectaria presidenta Rosario Piedra Ibarra, la recomendación basada en la más exhaustiva investigación en la historia penal mexicana lleva ya casi cinco años congelada.
Esos fragmentos forman parte de los más de 63 mil rescatados en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio en el basurero de Cocula y el río San Juan y el análisis de algunos permitió identificar a dos de los 43 normalistas: Alexander Mora Venancio y Joshivani Guerrero de la Cruz. El reconocimiento de un tercero, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, se dio en la actual administración mediante el sospechoso hallazgo de un fragmento en la La carnicería, hondonada que se encuentra a 800 metros del muladar. Este dato es muy relevante porque también allí fue hallado un fragmento más de Joshivani (de quien se habían hallado al menos dos en el basurero y el río San Juan).
Nadie ha explicado cómo llegaron a ese lugar, aventuro que su verdadera procedencia son el vertedero y el río.
Además de probar que Zerón confesó de veras que la “verdad histórica” fue fabricada bajo la directriz de Enrique Peña Nieto, el subsecretario Alejandro Encinas debe responder: ¿por qué no se han enviado los 114 fragmentos al laboratorio forense de la universidad austriaca? La omisión es criminal porque, de no corresponder a otros o todos los normalistas, corresponden a personas cuyas familias ignoran desde hace nueve o más años dónde están.
Todo indica que la comisión y la fiscalía temen que sean identificados más estudiantes y se corrobore la solidez de la detestada “verdad histórica”.
Por ese y otros indicios, el presidente López Obrador jamás cumplirá su compromiso de echar abajo la narrativa del ex procurador Jesús Murillo Karam que nadie ha podido desmentir: policías municipales levantaron a los normalistas para entregarlos a sus asesinos de Guerreros Unidos, quienes quemaron, carbonizaron y despedazaron los restos de muchos o todos los jóvenes en el basurero y los arrojaron al río.
Las investigaciones que dejó abiertas el gobierno anterior (falso que se haya dado carpetazo al tema) han sido retorcidas, revueltas y pervertidas por el cuatroteismo hasta volverlas indescifrables. Deliberadamente las actuales autoridades han imposibilitando para siempre cualquier solución.
Y ni para mentir se ponen de acuerdo: plagiando datos por confirmar de la recomendación de la CNDH, que registró diez, probabilidades, de un día para otro dicen hoy que son siete o nueve los lugares donde los jóvenes fueron asesinados, enterrados o disueltos “en ácido”, basándose en mentiras de los homicidas reivindicados y habilitados como testigos protegidos, sin que a la fecha se haya dado con un solo hueso que lo demuestre…
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