No: le cuesta a la sociedad que con sus impuestos financia la operación de órganos autónomos del Estado (no del gobierno) para que protejan sus derechos constitucionales…
Después de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los ataques del oficialismo al INE se centraron en Edmundo Jacobo Molina, quien presentó ya su renuncia irrevocable al cargo de secretario ejecutivo.
El término de su gestión estaba previsto para 2026, pero su permanencia dependería de la voluntad de la próxima consejera presidenta del instituto, que será una ligada ideológica y políticamente al gobierno federal empeñado en cuatroteizar el INE.
La secretaría que diseñó tuvo como cualidad la discreción y el bajo protagonismo público para no involucrarse en contiendas partidistas y preservar las actividades técnicas y ejecutivas, pero el equilibrio institucional se dinamitó con la intentona de reformar la Constitución y los remiendos regresivos a las leyes secundarias.
Todo eso, dijo el renunciante, hizo “de la operación técnica, necesariamente imparcial, parte del debate político, lo que me obligó a salir a la defensa pública de las instituciones electorales” para “explicar las virtudes que ofrece el régimen vigente y alertar sobre los peligros que implican varios de los aspectos incorporados por el denominado plan B”.
Con trayectoria profesional impecable y la personal fuera de los reflectores, explicó así el protagonismo a que se vio forzado:
“La incorporación, en uno de los decretos de la reforma, de un transitorio inconstitucional que tomaba una decisión que sólo compete al Consejo General, me cesó como secretario ejecutivo, incluso aún antes de que formalmente entrara en vigor el nuevo marco legal. Ello me obligó a promover los juicios que la propia Constitución pone a disposición de cualquier persona para lograr la restitución del orden constitucional quebrantado”.
Comenzó entonces a ser sujeto de injuriosas descalificaciones, pero consiguió el amparo de la justicia federal, porque su despido era incompatible con los derechos humanos y la división de poderes. Fue restituido en el cargo y esto motivó el recrudecimiento de la embestida.
“La notoriedad que, sin buscarla, he adquirido” –explicó– le impide continuar en el cargo “con discreción y eficacia”.
De ser cierto el infundio sobre supuestos pagos fabulosos a la “aristocracia dorada” del INE, Edmundo Jacobo se priva de la fortuna que acumularía en los tres años que teóricamente pudiera continuar como secretario ejecutivo.
Más que duplicando los años que lleva en el cargo, el presidente López Obrador se ha burlado de él llamándolo Porfirito, y sus devotos en Morena, el INE y el Congreso se sumaron al linchamiento.
Al hablar ayer AMLO de lo que de manera legal (incluida la caja de ahorro) recibirá el servidor público renunciante, y que es mucho menos de lo que su correligionaria Delfina Gómez se apropió en tres años con el 10 por ciento del salario de más de 500 trabajadores de Texcoco, afirmó que ese dinero le cuesta “al gobierno”.
No: le cuesta a la sociedad que con sus impuestos financia la operación de órganos autónomos del Estado (no del gobierno) para que protejan sus derechos constitucionales…
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