¿Reabren el caso Rébsamen?

Si no hay una orden judicial, Luis Raúl González Pérez entregará mañana la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra. Y hasta el último minuto de su gestión cumplirá con su encomienda fundamental: emitir recomendaciones a los entes gubernamentales que abusaron de su poder o fueron omisos en el cumplimiento de sus encargos.

Paradojas de los ombudspersons: González Pérez recibió sendas quejas contra Piedra Ibarra. ¿Acaso se investigará a sí misma? Mientras ocurre el relevo, la CNDH saliente notifica a las destinatarias las últimas recomendaciones de este ciclo. Entre éstas, destaca la 31VG/2019, emitida por la negligencia de las autoridades locales y federales encargadas de supervisar la seguridad estructural del colegio Enrique Rébsamen, que colapsó en septiembre del 2017.

La notificación fue entregada a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana; al titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo al frente del gobierno delegacional en aquellas jornadas infaustas.

Exonerada en las instancias locales, la funcionaria morenista volcó la acción del aparato gubernamental hacia la dueña del inmueble y directora de la institución educativa privada, Mónica García Villegas, quien decidió entregarse a la procuraduría de justicia capitalina, después de permanecer oculta casi dos años.

Abogados de la Barra Mexicana de Abogados —en una labor pro bono— representan a 17 familias que perdieron a uno de sus integrantes tras del derrumbe en el colegio Rébsamen. El presidente de la Fundación de la BMA, Juan José Serrano Mendoza, ahora es el secretario de la Contraloría General de la CDMX.

La CNDH investigó el caso y encontró evidencia de irregularidades en las autorizaciones para el funcionamiento de ese local como escuela, en la edificación de las aulas y en la supervisión y verificación en materia de construcciones y protección civil, así como por las acciones y omisiones posteriores.

Los indicios —de acuerdo al dictamen del órgano autónomo— apuntan a la comisión de actos de corrupción. Entre éstos, identificaron correos electrónicos respecto de los avances y autorizaciones que la demarcación territorial concedía al colegio para la realización y continuación de las obras en un cuarto piso; anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos como el uso de suelo, e inconsistencias de los programas de Protección Civil.

Para la CNDH, en las investigaciones penales y administrativas se debe considerar toda la cadena de mando dentro de la demarcación territorial Tlalpan en las diferentes fechas que se identificaron en la presente recomendación, a efecto de identificar a los mandos y personas servidoras públicas que fungían como responsables en las áreas encargadas de los trámites en las que hubo gestiones, autorizaciones, omisiones y visitas de inspección.

Las investigaciones de la contraloría capitalina —ya agotadas— habían identificado que la entonces jefa delegacional no tuvo una vinculación directa en la expedición de los permisos y licencias gestionados por los representantes de García Villegas.

Las respectivas constancias de seguridad estructural y los vistos buenos de seguridad y operación, por su parte, fueron expedidos por directores responsables de obra acreditados por la Seduvi. Y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México habría incurrido en responsabilidades, principalmente por las fallas en la búsqueda y rescate de las víctimas, así como en las tareas de informar a sus familiares y a la población general.

A la ahora alcaldía Tlalpan se le atribuyó responsabilidad por las irregularidades en el uso de suelo y visitas de verificación de la construcción en materia de construcción y protección civil y carencia de un Programa Interno de Protección Civil, la omisión de clausura del colegio, la falta de verificación y supervisión en las obras sin apego a las normas de construcción y tolerar que se construyera un cuarto nivel en una zona que sólo estaba permitida para tres.

EFECTOS SECUNDARIOS

RETRASO. La nómina magisterial pasó a la administración federal. En Puebla, 1,900 profesores recientemente contratados por la SEP local y otros 4,650 del sistema federalizado no recibieron su pago quincenal por fallas en el sistema. Un centenar de ellos no podrán cobrar hasta enero. ¿Y el SNTE? Ni pío dicen sus líderes.