La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene documentada la tortura, el maltrato, la intimidación y la incomunicación que sufrieron tres mujeres en manos de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México durante la rendición de su declaración como testigos y sobrevivientes de la agresión en una bodega del municipio de … Continued
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene documentada la tortura, el maltrato, la intimidación y la incomunicación que sufrieron tres mujeres en manos de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México durante la rendición de su declaración como testigos y sobrevivientes de la agresión en una bodega del municipio de Tlatlaya.
El organismo puede acreditar el maltrato físico y psicológico que sufrieron estas mujeres y dada la intencionalidad y tipo de lesiones que presentan se puede configurar como un acto de tortura.
Ante estas graves violaciones, la CNDH ha solicitado al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila que se determine responsabilidad administrativa y penal contra los servidores públicos que ordenaron y permitieron obtener declaraciones a base de tortura ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tejupilco.
Durante aproximadamente media hora, los agentes le gritaban a una de ellas, ¿Quién es el líder? ¿Qué sicarios conoces? Y si contestaba que no sabía, le pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos.
Ante la amenaza de que sería violada por uno de los agentes, esta mujer prefirió firmar una declaración cuyo contenido desconoce.
En el segundo caso, le gritaron a otra de las testigos que era una mentirosa y que debían borrar su declaración porque “los militares no habían matado a nadie”.
A la tercera víctima la videograbaron mientras la amenazaban en un recorrido por un vehículo. También bajo la amenaza de violarla, le pidieron que dijera que las personas que estaban adentro de la bodega eran integrantes de un grupo delincuencial.
Recordemos que apenas el martes, la CNDH reclasificó este caso como una violación grave a los derechos humanos que obliga a las autoridades involucradas a presentar con mayor prontitud las pruebas de cumplimiento de recomendaciones.
Con información de El Universal.
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