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Proponen reformas para garantizar derechos de la comunidad lésbico-gay
Foto de El Universal

El legislador Ernesto Núñez Aguilar propuso reformar la Ley de Asistencia Social, con el propósito de garantizar la no discriminación y los derechos humanos de las personas lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual.

El integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados indicó que los derechos humanos de los miembros de esa comunidad son violentados de manera cotidiana en el país.

Citó que entre 2007 y 2012 se documentaron al menos 164 crímenes por homofobia en diversas partes del territorio nacional, lo que equivale a 20 por ciento de ese delito en América Latina.

Que la mayoría de las personas que pertenecen a ese sector carecen de servicios de salud, a pesar de que en muchos casos padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y VIH.

Un ejemplo, dijo, es el Distrito Federal, donde al menos 20 por ciento de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI) presenta enfermedades de ese tipo.

Núñez Aguilar externó que la Constitución Política prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En ese sentido consideró necesario reformar el inciso II Bis del Artículo 4 y la fracción XIV del Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.

El diputado federal argumentó que con ello se daría asistencia social especializada y se garantizaría protección y plena integración al bienestar, en especial a quienes hayan sido víctimas de maltrato o abuso o privadas de su libertad.

De igual forma, a quienes estén en circunstancias de enfermedad terminal y en situación de tráfico de personas, pornografía, comercio y explotación sexual.

Además se contribuiría a disminuir los actos de violencia a causa de orientación sexual e identidad y de género, se aseguraría a las víctimas su debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

Con información de Notimex