El Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 30 mil millones de pesos en 2015 y 2016, para que dicho modelo esté funcionado en todo el país a más tardar el 18 de junio de 2016, como lo marca la ley. … Continued
El Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 30 mil millones de pesos en 2015 y 2016, para que dicho modelo esté funcionado en todo el país a más tardar el 18 de junio de 2016, como lo marca la ley.
La secretaria técnica de dicho Consejo, María de los Ángeles Fromow Rangel, informó lo anterior y dijo que el fideicomiso federal establecido para ese fin cuenta actualmente con cinco mil millones de pesos, los cuales “son potenciables”.
Sin embargo, los proyectos presentados por las entidades federativas para implementar el nuevo sistema penal, que incluye los juicios orales, requieren 11 mil millones de pesos, lo que evalúa este consejo, explicó en entrevista.
Además, anunció que en breve el gobierno federal enviará al Congreso un paquete con las leyes específicas que se requieren para implementar la Reforma Penal a nivel federal en todo el país en el plazo que marca la ley.
Se trabaja con las entidades federativas para determinar cuál es la infraestructura y tecnología que se requiere para la operación del sistema, para que el 18 de junio de 2016 esté operando, subrayó.
Detalló que 18 entidades operan el nuevo modelo de sistema penal, cuatro de ellos (Estado de México, Chihuahua, Morelos y Yucatán) de forma total, y 14 de manera parcial, aunque a finales de 2014 el número será de 27, y 17 ya adoptaron el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el caso del Distrito Federal, Fromow señaló que se prevé que el nuevo sistema de justicia penal se implemente en enero de 2015, primero en lo referente a los delitos no graves, y posteriormente se incluirán los otros ilícitos.
La funcionaria fue entrevistada al finalizar el evento donde los Poderes Judicial y Ejecutivo solicitaron al Congreso de la Unión emitir la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal, a partir del 24 de noviembre de este año, del Código Nacional de Procedimientos Penales en Durango y Puebla.
Con información de Notimex
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