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Nazis recibían seguro social de EE.UU.
Foto de AP

Ex nazis no deberían recibir prestaciones de la seguridad social de Estados Unidos mientras envejecen en el extranjero, dijo el lunes la Casa Blanca en respuesta a una investigación de The Associated Press que reveló que se han pagado millones de dólares a presuntos criminales de guerra y ex guardias de las SS obligados a marcharse del país.

“Nuestra posición es que no creemos que estos individuos deban estar recibiendo estos beneficios”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz, a periodistas en Chicago. Schultz no precisó si el gobierno podría poner fin a esos pagos ni cómo lo haría.

The Associated Press informó el domingo que decenas de presuntos nazis cobraron prestaciones después que se marcharon de Estados Unidos. Los pagos de las pensiones prosiguieron debido a un recoveco legal que permitió al Departamento de Justicia persuadir a los supuestos nazis a que se fueran del país.

Si estos individuos aceptaban irse o simplemente huían antes de su deportación, podían conservar las prestaciones de la seguridad social, según entrevistas y archivos internos del gobierno federal.

La Casa Blanca hizo sus declaraciones después que una demócrata de alto rango en la Cámara de Representantes exigiera al gobierno del presidente Barack Obama que investigue el pago de las prestaciones.

La representante Carolyn Maloney, de Nueva York, solicitó el lunes una investigación en cartas dirigidas a los inspectores generales del Departamento de Justicia y la Administración de la Seguridad Social.

Maloney, integrante de alto rango en la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno en la Cámara de Representantes, describió los pagos como un “abuso flagrante de los dólares de los contribuyentes” y dijo que tiene previsto presentar un proyecto de ley para poner fin a esa laguna jurídica.

El Departamento de Justicia dijo que estudia la carta de Maloney. La Administración de Seguridad Social no atendió de inmediato las solicitudes para que hiciera declaraciones sobre el particular y previamente se rehusó a revelar el total de supuestos nazis que reciben prestaciones y cantidades en efectivo en dólares.

La semana pasada, la AP impugnó mediante la Ley de Acceso a la Información la negativa de la agencia a facilitar la estadística.

En el documento de impugnación se mencionan las diversas preocupaciones sobre el manejo que la Administración de la Seguridad Social hizo de la petición, como la alteración de la solicitud “en una manera que socava la investigación de la AP al tiempo que simultáneamente evita que la Agencia de la Seguridad Social tenga que revelar información potencialmente vergonzosa”, se dijo en la impugnación con fecha del 16 de octubre.

Entre los que recibieron esas prestaciones había solados que custodiaban los numerosos campos de concentración donde exterminaron a millones de judíos, un científico que usó a trabajadores esclavos para hacer avanzar sus investigaciones en el Tercer Reich y un colaborador nazi que coordinó la arresto y ejecución de miles de judíos en Polonia.

En este momento quedan vivos al menos cuatro beneficiarios, entre ellos Martin Hartmann, ex guardia de las SS en el campo de concentración Sachsenhausen en Alemania, y Jakob Denzinger, quien patrullaba los terrenos del campo de concentración de Auschwitz en Polonia.

Hartmann se mudó de Arizona a Berlín en 2007 antes que le retiraran la ciudadanía estadounidense. Denzinger huyó de Ohio a Alemania en 1989 tras conocer que se habían iniciado los procedimientos para retirarle la ciudadanía estadounidense. Pronto se asentó en Croacia y ahora vive en un espacioso apartamento en la margen derecha del río Drava en Osijek.

Denzinger declinó discutir su situación con un reportero de la AP; el hijo de Denzinger, quien vive en Estados Unidos, confirmó que su padre recibe pagos del Seguro Social y afirmó que lo merece.

Como los crímenes de guerra nazi fueron cometidos fuera de Estados Unidos y casi siempre contra personas que no eran estadounidenses, los supuestos nazis no pudieron ser enjuiciados en tribunales del país. La única otra opción legal era mostrar que mintieron ante las autoridades migratorias sobre sus acciones durante la guerra y entonces intentar la deportación o la extradición.

El acuerdo permitió a la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI), la unidad del Departamento de Justicia que se dedicaba a buscar nazis, pasar por alto los prolongados procedimientos de deportación y aumentar la cantidad de nazis expulsados del país.

Pero registros internos del gobierno obtenidos por la AP revelan las fuertes objeciones del Departamento de Estado a las prácticas de la OSI. Los beneficios del Seguro Social se convirtieron en herramientas, dijeron funcionarios diplomáticos estadounidenses, para asegurar acuerdos con sospechosos de ser nazis que aceptaban la pérdida de la ciudadanía y abandonaban voluntariamente el país.

Las prestaciones de la seguridad social se convirtieron en instrumento, según autoridades diplomáticas estadounidenses, para garantizar acuerdos en los que los supuestos nazis aceptarían la pérdida de la ciudadanía y abandonarían voluntariamente Estados Unidos.

En sus cartas en los que objeta este procedimiento, Maloney dijo que “una investigación del inspector general en este asunto transparentaría las cantidades pagadas y el número de criminales de guerra nazis que recibieron o continúan recibiendo prestaciones de la seguridad social”.

El análisis de la AP concluyó que desde 1979 al menos 38 de 66 sospechosos expulsados del país mantuvieron sus prestaciones del Seguro Social.

La propia Administración del Seguro Social expresó su enojo en 1997 sobre el asunto, muestran documentos, lo que provocó reacciones en capitales extranjeras y al más alto nivel del gobierno.

Las autoridades austríacas se mostraron furiosas al conocer un acuerdo con Martin Bartesch, ex guardia de las SS en el campo de concentración de Mauthausen en Austria. En 1987, Bartesch aterrizó sin anunciarse en el aeropuerto de Viena. Dos días después, bajo los términos del acuerdo, le retiraron la ciudadanía estadounidense.

“No fue un proceso transparente ni legítimo”, dijo James Hergen, asistente jurídico del Departamento de Estado entre 1982 y 2007. “Esta no es la forma en que Estados Unidos debe hacer las cosas. No debemos deshacernos de nuestra basura, por falta de una mejor palabra, echándosela a países amigos”

Neal Sher, ex director de la OSI, dijo que el Departamento de Estado se preocupaba más por las sensibilidades diplomáticas que por pedir cuentas a antiguos miembros de la maquinaria de guerra de Adolfo Hitler.

En medio de objeciones, la práctica se interrumpió, pero el recoveco para los beneficios del Seguro Social se mantuvo abierto.

Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que nunca se usaron los pagos del Seguro Social para presionar a los sospechosos a abandonar el país voluntariamente.

La Administración del Seguro Social se negó a dar a la AP la cifra total de sospechosos de nazis que recibieron beneficios y la cifra de dinero de sus pagos. El portavoz William “BJ” Jarrett dijo que la agencia no tiene información específica sobre esos casos.

Con información de AP