El gobierno de México compareció ayer ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para formalizar su petición de asistencia a esta organización, así como para ofrecer transparencia y certidumbre a las investigaciones que se mantienen en curso para esclarecer responsabilidades, castigar a los responsables y resarcir a las víctimas por los … Continued
El gobierno de México compareció ayer ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para formalizar su petición de asistencia a esta organización, así como para ofrecer transparencia y certidumbre a las investigaciones que se mantienen en curso para esclarecer responsabilidades, castigar a los responsables y resarcir a las víctimas por los crímenes perpetrados en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México y de Iguala en Guerrero.
“Nos presentamos hoy a rendir cuentas y a reiterar la voluntad del Estado Mexicano para proseguir con una investigación imparcial y erradicar hechos de esta naturaleza”, aseguró Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La audiencia se convirtió en un acto de reclamo y de reconocimiento por la gravedad de lo ocurrido en Tlatlaya e Iguala.
“Ha pasado más de un mes y siguen sin aparecer los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, reclamaron los miembros de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos en México.
“El gobierno de México no pretende minimizar la gravedad de lo ocurrido”, enfatizó a su vez Limón, y aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no descansará hasta aclarar los hechos”.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH señaló, “Hechos de extraordinaria gravedad (como los de Tlatlaya e Iguala), conectan lo que ocurre hoy con lo que ocurría en el sexenio anterior”, aseguró al señalar que en México se sigue viviendo una crisis en materia de derechos humanos.
A su vez, los miembros de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, aseguraron que tras el sexenio de Felipe Calderón, cuando fueron ejecutadas 100 mil personas, el gobierno mexicano sigue sin atender esta crisis a pesar de prosiguen los casos de ejecuciones por parte del Ejército o las fuerzas del orden, como ocurrió en Tlatlaya e Iguala.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó tajantemente que en México haya “una política de Estado de violación de los derechos humanos”.
Álvarez Icaza adelantó que, tanto el Estado Mexicano como los miembros de derechos humanos, avanzan sobre un esquema de cooperación que la CIDH tendrá la oportunidad de acompañar.
Una de las propuestas de estos últimos, es la de crear una comisión que pueda acompañar, junto con una oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un programa de asistencia técnica relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas.
“El fenómeno de las desapariciones forzadas en México es un fenómeno que ha llegado a miles. No es un fenómeno nuevo”, concluyó Álvarez Icaza en el contexto de los 43 estudiantes que siguen sin aparecer.
Con información de El Universal
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