La desconfianza que tienen los ciudadanos a las autoridades no es de a gratis, muchas veces las personas deben de padecer viacrucis para tan solo saber alguna información mínima, la cual no puede ser agilizada sin que haya dinero de por medio, algo que no se debe permitir. Sin embargo sucede, como ocurrió con Ana … Continued
La desconfianza que tienen los ciudadanos a las autoridades no es de a gratis, muchas veces las personas deben de padecer viacrucis para tan solo saber alguna información mínima, la cual no puede ser agilizada sin que haya dinero de por medio, algo que no se debe permitir.
Sin embargo sucede, como ocurrió con Ana Luisa Pérez originaria de Chimalhuacán, Estado de México, cuyo hermano se encuentra desaparecido, por lo que fue al servicio forense del Municipio para saber si el cuerpo del joven se encontraba ahí.
Un mes se la pasó yendo y viniendo del servicio forense en Chimalhuacán, donde le trataban de convencer de que debía pagar 35 mil pesos para exhumar el cuerpo de su hermano, el cual ya había sido enterrado por una funeraria, sin embargo nadie le aseguraba que realmente fuera él.
“Yo no tengo estudios, pero no les creí. Les pedí una fotografía o algo para saber si era”, dijo Ana Luisa, y como lo esperaba, las autoridades municipales de Chimalhuacán solamente la estaban intentando sobornar, diciendo que el joven de 22 años había sido enterrado.
Le digo esto porque Ana Laura en su desesperación fue con el director de la SEMEFO para pedirle información sobre su hermano; a los tres días, como arte de magia, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre, el cual identificaron como su hermano, Julio César Pérez.
Como es obligación, los familiares fueron a reconocer el cuerpo el cual no podía distinguirse del todo ya que se encontraba hinchado, pero una de sus hermanas dijo reconocer el tatuaje que tenía en el brazo. Ni Ana Laura, ni el padre recordaban esa marca en Julio César, además de tener tiempo de no verlo.
La confusión sobre si el cuerpo que vieron realmente pertenecía a Julio César se incrementó cuando el médico forense dijo que el cuerpo que habían visto era de un hombre de entre 35 y 40 años, 15 más que el joven desaparecido. Por lo que Ana Luisa decidió someterse a una prueba de ADN para corroborar que realmente era su hermano.
“Mi hija (de 15 años) ve las noticias, lee y me dijo que el Estado nos tenía que garantizar el derecho a una prueba de ADN”, dijo Ana Laura, por lo que fue al Palacio Municipal para solicitar tal prueba. Todo parecía haber acabado, pero no, faltaban tres años y medio de suplicio entre que nunca estaba el forense, que estaba en una diligencia, que volvía en un mes, etcétera.
“Han pasado los años y todavía me dicen que espere cinco minutos más” se lamenta Ana Luisa con rabia e impotencia por la incertidumbre, la cual ya ha causado estragos en su organismo como la diabetes, parálisis en media parte de su cuerpo y ha bajado 40 kilos de peso. “Han de querer que llegue con billetes, pero no lo tengo, si lo tuviera, se los daría”, dice.
Ana Luisa con su hija de 15 años es una de las participantes en las manifestaciones por Ayotzinapa, ella asegura que sabe qué es tener una familia dividida por el crimen y que las autoridades no respondan sobre la desesperación de la gente para encontrar, reconocer o localizar a sus seres queridos.
A pesar de que Ana Luisa confiesa que su hermano no andaba por buenos pasos y que se drogaba, ella sabe que tiene el derecho de saber qué ha pasado con él. Aunque ya se lo imagina: levantones de policías municipales.
“Los levantones policíacos es un secreto a voces en el municipio”, dice Ana Laura quien cuenta versiones de los vecinos que escucharon a varios jóvenes pedir auxilio mientras que eran subidos a patrullas.
“Si mi hermano cometió un delito tendría que pagarlo conforme a la ley, pero no que lo desaparezcan. ¿por qué desaparecen a un ser humano, por lo que haya sido?”, concluyó.
Con información de Animal Político
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