Diputados avalan reformas a la Ley de Asentamientos Humanos

La Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 3 y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, con el propósito de proteger el nivel y la calidad de vida de la población urbana y rural mediante la reubicación de asentamientos humanos impactados por desastres naturales.

Con 365 sufragios a favor, 35 en contra y cinco abstenciones en la votación en lo general, también se acordó crear reservas territoriales nacionales, considerando tendencias y consecuencias de los desastres naturales que se espera impacten al país.

Además se acordó, en coordinación con dependencias del Ejecutivo federal, gobiernos estatales y municipales, la realización de obras de infraestructura necesarias para disminuir los impactos negativos en asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo.

El dictamen avalado por el pleno precisa que es escasa la importancia que se da a la prevención respecto de la ubicación de personas, pues el presupuesto canalizado a tal fin es 21 veces inferior a lo destinado a la reacción.

También menciona que la creación oportuna de programas de reubicación de familias permitiría pronosticar situaciones que se derivan del establecimiento de asentamientos humanos en zonas peligrosas, además de orientar recursos hacia la protección civil, para la prevención, atlas de riesgo y planes de desarrollo.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales refirió que el país ha sido víctima de múltiples desastres naturales que han potencializado su poder destructor debido a la falta de orden y planeación en el asentamiento de comunidades y sectores productivos.

Indicó que el dictamen prevé que el ordenamiento territorial no sólo tenderá a mejorar el nivel de calidad de vida de la población urbana y rural, sino a protegerla mediante la reubicación de asentamientos impactados por los efectos naturales.

Sin embargo, dijo, de poco serviría llevar a cabo la reubicación de poblados en peligro, en caso de no tener el cuidado de evitar su repoblamiento.

Por ello, explicó, se reforma el Artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano contenga la creación de reservas territoriales aptas a nivel nacional, tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres naturales que ocurran o se prevean en territorio mexicano.

La representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que las reformas brindan certeza y seguridad a millones de familias que actualmente habitan en zonas de alto riesgo, al tiempo de fortalecer una función esencial del Estado mexicano, como lo es preservar la vida de sus habitantes.

“En esta tarea no hay colores, no hay diferencias partidistas, sino acompañamiento y apoyo en cada una de las acciones que a este propósito se dirijan”, añadió.

La también priista María Guadalupe Velázquez Díaz expresó que en México poco más de las dos terceras partes de la población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático producidos por el calentamiento global.

Sin embargo, “en muchas de las zonas más vulnerables de nuestro país viven familias en condiciones de pobreza”, añadió la legisladora por Guanajuato.

Recordó que esas reformas tienen tres ejes fundamentales: la reubicación de asentamientos humanos, la creación de reservas territoriales nacionales y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la legisladora, “estos cambios representan un paso adelante para proteger a quien más lo necesita y así llevar a México por el camino correcto”.

Por el PAN, Felipe de Jesús Almaguer argumentó que los desastres naturales causados por fenómenos meteorológicos, si bien son inevitables, en muchos casos sus efectos se potencian por la acción humana provocada por necesidad, negligencia e ignorancia al asentarse en zonas de riesgo.

Con la propuesta, dijo Almaguer Torres, se considera como objetivo clave el ordenamiento territorial y la reubicación de los habitantes en zonas vulnerables para evitar impactos negativos derivados de eventos naturales.

“No debemos de escatimar esfuerzos para salvaguardar a las familias mexicanas ante situaciones que amenazan su vida y sus bienes”, añadió el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

Por el PRD intervino el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, quien expresó que el dictamen plantea atender a todos los damnificados por fenómenos hidrometeorológicos y otro tipo de desastres naturales, y va en el sentido de reacción y de anticipación.

Ante esta situación, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) urgió al gobierno mexicano a destinar mayores recursos para la prevención.

Se manifestó porque la reubicación se haga de manera ordenada, legal, para evitar abusos, excesos o inconstitucionalidades.

Sin embargo, opinó que el problema está en “aquellos asentamientos que se encuentran en zonas que no han sido consideradas como de alto riesgo; un ejemplo es Baja California Sur, que no está o no estaba en la ruta tradicional de ese tipo de fenómenos meteorológicos”.

Al fijar la postura del PVEM, Carla Alicia Padilla Ramos comentó que los cambios naturales y sociales son complejos y afectan cada vez más, por lo que las autoridades deben hacer uso de todas las herramientas disponibles como evaluación de amenazas, sistemas de alerta temprana y códigos de construcción.

Aseguró que los riesgos dependen de amenazas y la vulnerabilidad, lo que está directamente relacionado con el crecimiento demográfico, así como con falta de planes de urbanización.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó que deben coordinarse los gobiernos federal, estatal y municipal para asegurar una infraestructura adecuada hacia el ordenamiento territorial que el país demanda.

Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, explicó que los desastres naturales son cada vez más intensos y México carece de un plan de ordenamiento territorial e infraestructura para enfrentarlos.

En su opinión, la mayor parte de los problemas deriva de malas prácticas gubernamentales, además del fuerte arraigo que las familias tienen con su lugar de residencia.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), señaló que el fin del dictamen es loable, pero su efectividad requiere recursos financieros de al menos cuatro mil millones de pesos y alta capacidad administrativa.

Hizo notar que desde 2013, el Registro Nacional de Reservas Territoriales obliga a constructoras a investigar zonas para su ocupación; sin embargo, las reglas de operación son pobres y 67 por ciento de las viviendas se construye de forma irregular.

A su vez, la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, comentó que México está expuesto a fenómenos naturales sin control, pero el Estado debe implementar acciones y no sólo emitir declaraciones para prevenir o subsanar las afectaciones que vive la población.

Expresó que su bancada apoya el dictamen, ya que procura el beneficio de la población. Añadió que deben ponerse en marcha programas de reubicación, así como dotar de vivienda digna en zonas seguras, pues sólo así las tragedias se evitarán y eso permitirá a los mexicanos vivir con tranquilidad.

En lo particular, con 355 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones, el pleno avaló en términos del dictamen la reserva al Artículo 13, fracciones XIII, XIV y XV de la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual fue promovida por Huerta Ladrón de Guevara.

Con información de Notimex