Los avances que se habían logrado en México en materia de Derechos Humanos, se vieron anulados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reconoció Roberto Campa. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio estas declaraciones tras participar en la entrega de un informe de Freedom House, una organización … Continued
Los avances que se habían logrado en México en materia de Derechos Humanos, se vieron anulados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reconoció Roberto Campa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio estas declaraciones tras participar en la entrega de un informe de Freedom House, una organización de defensa de los derechos humanos.
“Fue un año (2014) muy complejo para México, el propio informe da cuenta de un evento que es un evento fundamental, que es el evento de Iguala, este evento me parece anuló algunos de los avances que tuvimos en el país, en la reducción en los niveles de violencia y en los instrumentos que hemos venido echando a andar para defensores de derechos humanos y periodistas”, dijo en entrevista.
En su informe, Freedom House colocó a México dentro de los 65 Estados con la calificación de “no libres”. Así lo explicó el subsecretario:
“México desde 2011, en una de las dos calificaciones aparece como ‘no libre’, en la otra, aparece como ‘parcialmente libre’, en lo que se refiere al uso de internet, en el que aparece como ‘no libre’ aparece con 63 puntos, los puntos son negativos y el tope son 60, de 60. Yo confío que con el trabajo que habremos de llevar a cabo vamos a poder estar en el siguiente informe por lo menos en la calificación de parcialmente libre”.
El gobierno de México, dijo, se comprometió a crear una estructura organizacional técnicamente eficaz, completar el proceso de diseño de gestión de riesgos, así como los criterios de riesgo y permanencia en el mecanismo.
“Nos hemos comprometido y hemos convenido con ellos que tendremos una segunda etapa más intensa todavía de trabajo, fundamentalmente en la capacitación de quienes son responsables de evaluar los riesgos para los defensores y para los periodistas, que es una tarea fundamental para el mecanismo”, expuso.
Campa Cifrián también reconoció el trabajo de Freedom House, y la relación que se ha construido con la organización con el fin de “que nos apoye y garantizar que el mecanismo de defensa de defensores y periodistas sea un mecanismo que funcione, que sea confiable, un mecanismo que realmente nos garantice los derechos que están protegidos en la ley”, finalizó.
Con información de Reforma.
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