Son 50 agentes de la Policía Federal que tienen el estatus de desaparecidos y cuyo rastro se perdió cuando estaban asignados a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) obtenido por MILENIO, los federales desaparecieron en 12 entidades del país durante … Continued
Son 50 agentes de la Policía Federal que tienen el estatus de desaparecidos y cuyo rastro se perdió cuando estaban asignados a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) obtenido por MILENIO, los federales desaparecieron en 12 entidades del país durante el sexenio pasado, en la denominada “guerra” calderonista, ya que oficialmente no se ha registrado un solo caso en la actual administración.
En el documento se indica que de las 50 víctimas, ocho tienen “presunción de muerte”, por lo que beneficiarios de 42 federales reciben un apoyo económico complementario.
Michoacán y Tamaulipas son los estados donde ocurrieron la mayoría de las desapariciones al concentrar más del 50 por ciento de los casos.
Por su carácter de servidores públicos, estos mexicanos no están integrados en el universo de ciudadanos que serán recordados por organizaciones no gubernamentales (ONG) el 30 de agosto, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Los policías federales se encontraban activos al momento de su desaparición -entre el 4 de diciembre de 2006 y el 29 de agosto de 2012- revela el informe de la CNS.
En Michoacán, donde se establecieron los cárteles de La familia y Los caballeros templarios desaparecieron 19 elementos de la Policía Federal; en Tamaulipas, entidad en la que operan el Cártel del Golfo y Los Zetas, ocho agentes fueron vistos por última vez.
El resto de las desapariciones ocurrió en Nuevo León (cuatro), Veracruz (cuatro), Durango (tres), Zacatecas (tres), Coahuila (tres), Distrito Federal (dos), Sinaloa (una), Baja California (una), Guerrero (una) y Sinaloa (una).
Mientras las familias de los desaparecidos viven en el limbo emocional, el gobierno federal solo ofrece hasta 10 millones de recompensa por la localización de los policías Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villena y Víctor Hugo López Lorenzo.
Los siete fueron secuestrados por comandos el 16 de noviembre de 2009 en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.
En contraparte, los parientes de los ocho agentes que han sido declarados “muertos” no reciben la “medida complementaria” establecida en la Norma 01/2011.
La Policía Federal señala que la Coordinación de Servicios Generales brinda orientación y apoyo a los beneficiarios en la tramitación de los procedimientos de declaración de ausencia o presunción de muerte, mientras que la Dirección General de Asuntos Jurídicos proporciona orientación legal.
A los familiares o beneficiarios se les entrega el salario de los policías federales desaparecidos como si estuvieran cubriendo la plaza, por lo que no existe el concepto por pago de indemnización.
Entre los desaparecidos hay policías primero, segundo y tercero, suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores.
Con información de Milenio
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