El pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de impulsar su reconocimiento como entidades de interés público ante las entidades federativas. El dictamen adiciona una fracción IV al Artículo 2 de dicha ley que faculta a la Comisión … Continued
El pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de impulsar su reconocimiento como entidades de interés público ante las entidades federativas.
El dictamen adiciona una fracción IV al Artículo 2 de dicha ley que faculta a la Comisión en la materia para que mediante convenios con la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales, contribuya a resolver las necesidades de esa población.
Esto en los rubros de asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, para fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.
En tribuna, durante la sesión de este jueves, el senador Eviel Pérez Magaña aseguró que el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público puede ser impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
A esa instancia, recordó el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, le corresponde observar el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, que se proyectará si orienta, promueve, apoya y fomenta dicho reconocimiento legal.
Al presentar el dictamen, el senador priista resaltó que, según estudios de la CDI, en 2013 sólo 20 constituciones locales reconocían derechos de pueblos y comunidades indígenas, mientras que 11 estados estaban pendientes de su armonización.
El senador René Juárez Cisneros, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, advirtió que los indígenas son el grupo poblacional más excluido social y económicamente de México.
Por ello, consideró indispensable impulsar el reconocimiento efectivo de sus comunidades y pueblos, de ahí que el fin de esa propuesta es que se les garantice el derecho a determinar y elaborar prioridades, estrategias, programas y acciones para impulsar su desarrollo.
Asimismo, que en lo posible se les permita la administración de recursos públicos en función de su propia organización, a partir de usos y costumbres.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Isidro Pedraza Chávez señaló que la población indígena en el país es de casi 15 millones y siete millones de hablantes de lenguas indígenas, a los que esta reforma abrirá la posibilidad de inversiones importantes.
El senador Óscar Román Rosas González, del PRI, indicó que se transitará a escenarios de plena igualdad en la sociedad mexicana.
Con esa modificación, argumentó, se amplían las funciones de la Comisión Nacional para cumplir con su objetivo originario, el cual estriba en generar las condiciones idóneas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas.
En el dictamen se informa que la Junta de Gobierno de la Comisión está facultada para definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos incluso con las organizaciones de los sectores social y privado.
En ese sentido, los legisladores manifestaron en el contenido del dictamen que mientras no haya una reforma constitucional expresa se debe ser congruente con la normatividad existente.
En ella se dispone que a las entidades federativas corresponde reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público, sin referir la calidad de sujetos de derecho público.
Además, que la federación, estados y municipios tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas.
El dictamen avalado se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis.
Con información de Notimex
Minuto a minuto
