Los fiscales generales argumentan que terminar el TPS perturbaría las economías locales y agotaría los recursos estatales en varios estados
Una coalición de fiscales generales demócratas presentó este lunes un documento en una corte federal en Nueva York en defensa de los migrantes haitianos, a quienes el Gobierno de Donald Trump busca despojar de su beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite a indocumentados vivir y trabajar en el país sin temor a ser deportados.
Los fiscales de 18 estados pidieron a la corte federal para el Distrito Este de Nueva York que mantenga el TPS vigente para miles de inmigrantes haitianos, incluidos los más de 5 mil 400 que viven en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con un comunicado conjunto.
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En el documento, los integrantes de esta coalición argumentaron que a pesar de las crisis humanitarias que enfrenta Haití, la Administración Trump ha tomado medidas que pondrían fin a las protecciones del TPS para estos inmigrantes sin estatus legal, a quienes se les brindó la oportunidad de solicitar el programa en 2010, después de que un terremoto devastara la isla caribeña.
Además, los fiscales subrayaron que desde 2010, Haití ha enfrentado inestabilidad política y que Estados Unidos ha seguido extendiendo las protecciones del TPS para los haitianos desde 2011.
Dicha protección se otorga a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias que impiden el regreso seguro a su lugar de origen.
Sin embargo, pese “a las condiciones inseguras en Haití, la Administración Trump tomó medidas para poner fin a las protecciones para los titulares del TPS, poniendo en peligro la seguridad de innumerables personas”, advirtieron los togados.
El pasado febrero, la Administración Trump anunció que no continuaría extendiendo los beneficios del TPS para los haitianos, lo que afecta a más de medio millón de inmigrantes de este país que viven y trabajan en EE.UU.
Como consecuencia de esto, el TPS para Haití vencerá el próximo 3 de agosto y dejaría sin un estatus legal -y por lo tanto, vulnerables a la deportación- a más de 520 mil migrantes haitianos.
Los fiscales se unieron así como “amigos de la corte” (un término que se usa para referirse personas interesadas en una materia que presentan argumentos con la intención de brindar una solución al problema) al caso de la Asociación del Clero Evangélico Haitiano contra Donald J. Trump, presentado en la corte federal de Nueva York.
Además del impacto humanitario, los fiscales generales argumentan que terminar el TPS perturbaría las economías locales y agotaría los recursos estatales en varios estados, entre ellos Nueva York, y recordaron que muchos son propietarios de viviendas y negocios que aportan miles de millones de dólares a la economía a través de salarios e impuestos.
Con información de EFE.
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