La puesta en marcha de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión -aprobadas por el Congreso- darán cancha pareja, más jugadores y un arbitro fuerte en estos sectores, cuyo gran beneficiario es el ciudadano mexicano, aseguró el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez. Enfatizó que “los grandes ganadores de la … Continued
La puesta en marcha de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión -aprobadas por el Congreso- darán cancha pareja, más jugadores y un arbitro fuerte en estos sectores, cuyo gran beneficiario es el ciudadano mexicano, aseguró el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez.
Enfatizó que “los grandes ganadores de la reforma son los 117 millones de mexicanos que tendrán mejores servicios y más valor por su dinero”.
Al mismo tiempo, dijo, habrá mayor cobertura y penetración de servicios, mejorará la calidad y precio a los usuarios finales y se brindarán más y mejores contenidos en medios de comunicación públicos y privados, además de que se garantizarán los derechos de las audiencias.
En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, Eduardo Sánchez destacó la aprobación del Congreso, del paquete legislativo que permitirá la implantación de lo dispuesto en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Esto, agregó, significa mas competencia, mejores servicios y mejores tarifas para los ciudadanos, por lo que se trata de un momento histórico para México.
El vocero del Gobierno de la República destacó que la reforma cambia por completo las reglas del juego y da poder al ciudadano de elegir la mejor opción en Internet, telefonía y televisión.
Con la reforma propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y su legislación secundaria, se resuelven las limitaciones históricas que han obstaculizado el desarrollo de estos sectores en el país.
Explicó que un inadecuado marco jurídico y amplia concentración de mercado en pocas empresas, redujo la efectividad del Estado para implementar políticas públicas.
La debilidad del marco jurídico anterior obstaculizó la implementación de políticas públicas efectivas, inhibieron la competencia y perjudicó a los usuarios, reiteró.
En ese sentido, recordó que entidades especializadas como la OCDE han señalado que los mexicanos tenemos servicios caros, de mala calidad y cobertura limitada.
Con un costo social, de esta disfuncionalidad del sector, entre 2005 a 2009, cercano a los 130 mil millones de dólares, que equivale al 1.8 del PIB anual del país, señaló.
Con información de Notimex
Minuto a minuto
