Anticorrupción y evaluación del ejercicio gubernamental

Hacer de México un auténtico país de leyes exige un cambio fundamental en nuestra actitud colectiva, que considere el fortalecimiento en la educación de principios y valores, aunado a la fiscalización y el control, así como a la aplicación de sanciones. Los factores educativos y de valores inciden en las mentalidades para formar ciudadanos desde la escuela y la familia, y así salvaguardar los derechos y las obligaciones a partir del reconocimiento del interés general. Por ello, en la Secretaría de la Función Pública trabajamos desde distintos ámbitos para alcanzar tales propósitos. 

Entre ellas, destaca la recuperación, en los primeros 19 meses de esta administración, de más de 6 mil 114 millones de pesos, la puesta en funcionamiento de un número telefónico 01-800 para captar las denuncias de los ciudadanos de todo el país; la simplificación de procedimientos, que abarca desde la participación en licitaciones hasta la presentación de las declaraciones patrimoniales o la obtención de constancias de no inhabilitación; e incluso establecer dentro del portal de CompraNet un sitio donde empresarios, proveedores y contratistas puedan presentar denuncias en línea.

Para dimensionar el esfuerzo institucional, es de destacarse que en el primer semestre de 2014 se han sancionado a 8 mil 791 servidores públicos; mientras que durante el mismo lapso, pero del ejercicio 2011, fueron sancionados 3 mil 889 funcionarios; en 2012 la cifra fue de 4 mil 284 servidores públicos y en 2013 de 4 mil 564 empleados públicos. Durante este mismo periodo se han desarrollado mil 539 auditorías de las 3 mil 187 programadas; cumpliéndose con el calendario y brindándose seguridad y certidumbre a la ciudadanía en materia de ejercicio de recursos fiscales, públicos, que interesan a la sociedad en su conjunto.

Se trata de prevenir, evaluar y, en su caso, castigar. Por ello, estamos impulsando que estos temas se incorporen de manera más contundente en los contenidos de los libros de texto gratuitos; también alentamos los esquemas de contraloría social que permiten a las comunidades conocer a detalle el ejercicio de los recursos públicos federales. Promover mejores prácticas comunes, desvanecer la distancia entre ciudadanos y autoridades, haciendo uso del derecho a la información y blindando el libre acceso a los resultados gubernamentales, incluyendo los presupuestos y sus modalidades de gasto e inversión; la transparencia y la rendición de cuentas, permitirán que nuestro modelo de gestión pública esté acorde con los criterios que definen un gobierno abierto, cercano y moderno.

La aplicación de sanciones, las denuncias penales y la designación de testigos sociales en los procesos licitatorios de adquisiciones, obras públicas y asociaciones público-privadas, sigue su curso, en los dos primeros siempre bajo el principio inalterable que solo se sancione o denuncie si se cuenta con elementos suficientes en los expedientes para sustentarlo. La comunicación que mantiene el gobierno federal con el Congreso apunta hacia el perfeccionamiento del marco jurídico en la materia, así como de las instituciones que lo ejecutan. La Fiscalía General de la República, con naturaleza de órgano autónomo constitucional, sacará de la esfera de un Poder a la Procuraduría General de la República,  e integrará una fiscalía especializada en el combate a delitos de los servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones. No se trata de un asunto secundario y merece se dimensione su carácter estratégico, en la instrumentación de la legislación secundaria.

Finalmente, el Senado de la República aprobó una iniciativa, ya turnada a examen y discusión en la Cámara de Diputados, que aprueba la creación del Órgano Anticorrupción, a partir de distintas propuestas. Mientras se presenta una determinación en firme, la Secretaría de la Función Pública cumple cabalmente con las facultades que le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dando cumplimiento al párrafo tercero del artículo segundo transitorio del decreto modificatorio de la citada norma, donde se dispone que en tanto se expidan y entren en vigor las disposiciones que se sumen  para combatir la corrupción en el marco jurídico del Estado mexicano, la Secretaría continuará ejerciendo las atribuciones que tiene conferidas.

Es en este contexto de principios, valores, compromisos y nuevas prácticas que el Presidente Enrique Peña Nieto ha enfatizado que: “El Gobierno Abierto es un nuevo paradigma que está revolucionando la manera en que colaboran ciudadanos y autoridades, en la transparencia de los actos públicos. El ejercicio del derecho de acceso a la información y las políticas de transparencia y apertura gubernamental, seguirán siendo un firme compromiso del Gobierno de la República y del Estado Mexicano en su conjunto”.