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En apoyo de la reforma constitucional que dinamitará la independencia de jueces, magistrados y ministros, Claudia Sheinbaum dice:

“A la presidenta o presidente lo (sic) elige el pueblo, al Poder Legislativo lo elige el pueblo. Si los jueces, magistrados y ministros se eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo…?”.

Pues en que cada uno de los tres poderes propondrá sus candidatos a juzgadores y el factor decisorio será el oficialista, porque el Ejecutivo y el Legislativo son lo mismo en cuanto que militan en el lopezobradorismo, lo que anticipa que “sugerirán” a dos de cada tres aspirantes, mientras el Judicial solo uno.

Con la sañosa descalificación y el linchamiento que los morenistas (de López Obrador para abajo) y sus rémoras del PT y el Verde han hecho de jueces, magistrados y ministros, es previsible que serán muy pocos los electores que se animen a votar por los que proponga lo que quede para el año próximo del Poder Judicial.

Al pan pan y al vino vino: será la presidenta electa y sus mayorías en el Congreso, y de ninguna manera “el pueblo”, las que impondrán a los nuevos juzgadores.

En el mismo mensaje, Sheinbaum asegura que habrá “más democracia, más justicia, más libertad”, y que la reforma “no afecta ni nuestras relaciones comerciales ni las inversiones privadas nacionales ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho y más democracia para todas y todos”.

No piensan lo mismo los grupos empresariales mexicanos, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos ni las organizaciones nacionales y extranjeras de abogados y organismos internacionales como la ONU, la OEA o el Parlamento Europeo.

Y como si su apoyo al destartalamiento del Poder Judicial implicara una generosa renuncia a la facultad que ya no tendrá, también escribió:

“Si se hubiese querido que los ministros fueran nombrados por la Presidenta se hubiera hecho una reforma como la de Zedillo…”.

Pues si lo que aprobaron la madrugada de ayer los diputados nacionalpopulistas hubiese ido en el mismo sentido progresista que aquella en lugar de ser demagógica, regresiva, clientelar y peligrosa, ni los estudiantes de Derecho que se opusieron a la aprobación habrían salido a respaldar a los 45 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (incluidos jueces y magistrados) que se mantienen en paro contra la mentira colosal de que la impartición de justicia mejorará y se erradicará la corrupción gracias a la descocada reforma.

La alusión al ex presidente es de lo más engañosa: en su primer mes de gestión lo que hizo fue promover una modificación radical de la organización y potestades de la Suprema Corte, convirtiéndola en tribunal constitucional con facultades para solucionar disputas entre los poderes mediante la ampliación de los supuestos de las controversias constitucionales y la creación de acciones de inconstitucionalidad como valiosos complementos del amparo federal a los mexicanos.

Eso es lo que morirá…