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La presidenta electa pone a temblar a los funcionarios públicos de todos los partidos -incluyendo Morena- con la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, que estaría supervisada por la exsecretaria de Economía Raquel Buenrostro, recientemente nombrada secretaria de la Función Pública.

Se trata de una necesaria acción, propuesta desde la campaña de la presidenta electa, que tiene como objetivo erradicar por completo esta práctica que ha dañado al país por muchos años.

Es conocida la rígida manera de trabajar de Raquel Buenrostro, quien desenmascaró a los especuladores de las medicinas en México, negocio que estaba en manos de unos cuantos empresarios, algunos de ellos asociados con políticos. Ahora, el simple anuncio de la creación de dicha agencia inhibirá acciones deshonestas entre los servidores públicos y quienes, a pesar de esta vigilancia, intenten realizar este tipo de acciones, seguramente serán detectados.

Hay muchas maneras de conocer la manera en que se desvían fondos, pero la más segura sigue siendo la denuncia de los ciudadanos, acción que debe prevalecer porque al mismo tiempo que es una denuncia directa, se trata de un testimonio con evidencias que serán afinadas en los últimos meses.

El mal de la administración pública del país se basa en la corrupción, incluso hay periodos y partidos especialmente señalados como los más o los menos corruptos en la historia.

Hasta el momento no existe una manera clara y creíble de las mediciones de la corrupción, por tratarse de una práctica clandestina resulta difícil tener números precisos al respecto.

Dos de las agrupaciones nacionales que espontáneamente tratan de señalar este tipo de conductas tienen origen e intenciones políticas. La primera, propiedad de Claudio X. González, quien financió la unidad de los partidos de oposición en las pasadas elecciones, llamada “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, que encabeza María Amparo Casar, excoordinadora de asesores de Santiago Creel cuando era secretario de Gobernación, durante el sexenio de Vicente Fox.

La otra es “Transparencia Mexicana”, fundada en 1993, y tiene entre sus consejeros a priistas y panistas que en lo personal se han mostrado especialmente contrarios a la actual administración, como es el caso de María Marvan Laborde, Ricardo Pozas Horcasitas, Bernardo Sepúlveda Amor, Sergio López Ayllón, Federico Reyes Heroles González Garza, Sergio García Ramírez, entre otros.

La Agencia Anticorrupción se encuentra en etapa de estudio, sus características deberán estar definidas en menos de un mes para darlas a conocer y ver la factibilidad de solicitar la aprobación legislativa o bien la capacitación de sus empleados.

Las medidas adoptadas por diferentes organismos sobre el avance o el retroceso en la corrupción en México han tenido más significados políticos que científicos, es el caso de Transparencia Internacional, dirigida desde Estados Unidos, señala en su edición 2020, y mejoró dos puntos al pasar de tener una calificación de 29 en el 2019 a 31 en una escala de 0-100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción.

Así, se informa que México pasó de ocupar la posición 130 en 2019, a la 124 en 2020, entre los 180 países evaluados, ubicando al país a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán y por encima de Azerbaiyán, Gabón, Malaui, Mali y Rusia.

Uno de los organismos que dieron cifras permanentemente sobre la Corrupción en México fue la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuando la presidía el priista José Ángel Gurría Treviño, quien al dejar ese puesto llegó a México a asesorar la campaña de Xóchitl Gálvez. De ahí que la credibilidad de estos cálculos deje mucho que desear.

Según datos del Inegi, en 2019 el 15.7 % de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción, y los sectores más afectados fueron la administración pública federal y las administraciones públicas estatales.

En este mismo sondeo se dice que 5.1 por ciento de las empresas tuvieron experiencia directa de actos de corrupción en 2020.

En 2019, la población en México pagó 12 mil 769 millones de pesos debido a la corrupción, un 64.1% más que en 2017.

En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó en promedio 3 mil 822 pesos.

La creación de esta Agencia Anticorrupción y su precisa actuación es una exigencia de los mexicanos que esperemos funcione no sólo desde el inicio de la próxima administración, sino con la precisión que los mexicanos exigen.

PEGA Y CORRE. – Una desbandada de priistas ya van camino hacia las puertas de Movimiento Ciudadano donde los espera, según dicen, la nueva política.

Esta columna se publica los lunes, mi

ércoles y viernes.