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Cuál más cuál menos, todos tenemos en estos tiempos un gusanito en la oreja cuando la plática entra en los terrenos de la inteligencia artificial. Hay tantos criterios encontrados sobre esta herramienta, como variaciones hay sobre lo que con ella puede hacerse. Al grado tal que cualquier nueva información sobre el mundo y sus protagonistas, la primera consideración que nos hacemos antes de darla por válida es si se trata de una verdad o una realidad creada artificialmente. La IA ha venido a invalidar la certeza de todo, prácticamente.

Fuera de eso, que es fundamental, uno de los grandes temores compartidos es una extensión de las consecuencias de la robótica —y la IA es solamente una extensión de aquella— en el impacto que la nueva tecnología inevitablemente tendrá en las cadenas de producción, cualquiera que sean.

Es una ley inevitable que comenzó a manifestarse claramente con la Revolución Industrial en Gran Bretaña y su hijastra, la producción en línea que introdujo Henry Ford en América. Su ecuación es simple: la inteligencia exige avance, con él surge la nueva tecnología, la sociedad se adapta al cambio, el Estado llega tarde a la regulación, y el trabajador ve reducida su participación en el proceso: es la quinta rueda del carro.

Precisamente como una extensión de la robótica en la industria mecánica, la amenaza de la inteligencia artificial en los oficios del pensamiento es enorme. Enfrentar al hecho, hoy ya realidad, de que un programa de computación sea capaz de escribir un texto coherente de cualquier género si se le alimenta de información pormenorizada, no es fácil. Los escritores hollywoodenses de ficción —y sus actores— han sido los primeros en protegerse. La posibilidad de hacer un capítulo más de Misión Imposible sin Tom Cruise y sus escritores, sino con una copia del monigote y un libreto hechos por computadora es una realidad actual, en contra de la que ya hay barreras. Ya existen muchos periodistas en el mundo a quienes la tarea se las hace una inteligencia artificial: cuando sus editores se den cuenta, perderán su chamba.

Lo interesante de este momento es que uno de los principales arquitectos de la inteligencia artificial se lanzó al ruedo hace unos días con un plan de salvamento ante las amenazas… de la inteligencia artificial. Elaboró lo que podríamos nombrar el boceto de un nuevo contrato social, a lo Rousseau, o un esbozo de un New Deal rooseveltiano revisado.

Sam Altman, jefazo desde 2019 de OpenAI, dio a conocer su “Política industrial para la era de la inteligencia; ideas para mantener en primer lugar al ser humano”. La revista The New Yorker publicará esta semana un amplio artículo que recomiendo, sobre el asunto.

Algunos principios: la creación de un fondo de Riqueza Pública Nacional, con las ganancias de las empresas del ramo, para repartirlas entre la gente. La Constitución del Estado de Alaska ordena desde 1976 un Alaska Permanent Fund con las ganancias de las petroleras y mineras que operan en ese estado, para distribuir entre los residentes. Pagaba 1,600 dólares (de 2019) anuales a cada residente. Otro principio de esto que Altman llama soberanía pública y acceso democrático, establece la semana de 32 horas laborales y asistencia a los desplazados.

Es obvio que la inteligencia artificial debe ser regulada. El asunto es que a ojos críticos, la movida de Altman es como si el manual contra incendios lo escribiera un pirómano. Lo que hace este hombre de 40 años es adelantarse. Hacer la regla a la que tiene que someterse, antes de que se le ocurra a otros hacerla, ya se trate de un senador, un sindicato o un político vivillo.

Por eso es tan atractiva la propuesta y tan peligrosa al mismo tiempo.
A propósito de tiempo: la inteligencia artificial ya está aquí.

PILÓN PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): A mí me parece que es indiscutible el malestar de los transportistas mexicanos. Les sube el diésel que mueve sus vehículos, la inseguridad en las carreteras mexicanas hace que registren cuarenta asaltos al día; los asaltos devienen robo de mercancía y/o vehículo, extorsión, y por lo menos un susto a sus choferes.

La desaparecida Policía Federal de Caminos brilla por su ausencia; no hay a quién acudir, y eso es extensivo a los particulares.

En Palacio Nacional —en donde a todo dicen que lo están estudiando y que el diálogo está abierto— no les resuelven nada. Todo eso está bien, pero ¿por qué somos los viajeros los que tenemos que pagar el pato?

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