Su virtual destrucción se contempla en una de las 18 iniciativas de reformas constitucionales enviadas por el Presidente al Congreso el 5 de febrero
Más allá del comprensible retraso en el conteo rápido, el desempeño del Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Taddei fue tan eficiente o más que lo que ha sido desde hace al menos 10 años con el satanizado Lorenzo Córdova, durante cuya gestión el lopezobradorismo se alzó con los cargos de representación que incrementó avasalladoramente antier.
Es de suponerse que la mayoría ciudadana, los dirigentes de partidos y los candidatos que contendieron reconocen la solidez y la confiabilidad del órgano que, sin embargo, paradójica y lamentablemente, será chatarrizado por la 4T.
Su virtual destrucción se contempla en una de las 18 iniciativas de reformas constitucionales enviadas por el Presidente al Congreso el 5 de febrero.
Entre las cosas que conforman el acelerado oscurantismo en que está sumergido México, la destructiva propuesta contempla la elección popular (por voto directo) de los consejeros y magistrados electorales, con lo que se partidizará lo que hasta hoy se ha tratado de preservar: la neutralidad política de las autoridades que organizan y califican la votación y los resultados.
Los cambios implican funestas consecuencias para la celebración de elecciones libres y auténticas. Son una reedición de la intentona de modificaciones que aprobaron los diputados y senadores de Morena y sus aliados el 15 de diciembre de 2022 y que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales por poner en grave riesgo la autonomía y la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y las 32 entidades federativas.
Peligran asimismo los procedimientos de capacitación y organización en que se basa el ejercicio del sufragio y el conteo escrupuloso de votos; los avances contra la violencia política en razón de género, las acciones para potenciar la representación política de la población más desfavorecida, la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos, la protección de los datos personales, los derechos laborales de quienes integran el servicio profesional electoral nacional y la rama administrativa de los Organismos Públicos locales, el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de los estados y la capital de la República.
La calamidad que se cierne sobre la democracia en México se entiende mejor considerando que gracias a su diseño actual —y con anterioridad al complejo proceso del 2 de junio— el INE sacó adelante y de manera irreprochable más de 330 procesos electorales federales, locales, de participación ciudadana y elección interna de los partidos.
Es esa la estructura del Estado que López Obrador y Claudia Sheinbaum se aprestan a desmantelar dentro de un paquete más amplio y lesivo de reformas políticas, usando a sus lacayunas mayorías actuales y próximas en el Congreso, predispuestas a palomear lo que sea sin cambiar ni quitar una triste coma…
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