Dos días después de que la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sarah Carter, advirtiera que su gobierno persigue “a todos los funcionarios sinaloenses que protegieron” al cartel de Sinaloa y amenazara con actuar aun sin la cooperación de las autoridades mexicanas ––“y si no cooperan … Continued
Dos días después de que la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sarah Carter, advirtiera que su gobierno persigue “a todos los funcionarios sinaloenses que protegieron” al cartel de Sinaloa y amenazara con actuar aun sin la cooperación de las autoridades mexicanas ––“y si no cooperan los vamos a atacar y se van a arrepentir”––, la presidenta Sheinbaum pareció ayer endurecerse:
“No hay pruebas para la detención urgente. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía General de la República (…). No hay plazo, habría plazos si fuera un juicio formal de extradición (…). Tienen otra opción, que es solicitar formalmente dentro del juicio de extradición, que también llevaría todo un procedimiento, pero también tendrían que entregar las pruebas suficientes…”.
Lejos de reflejar una diferencia diplomática menor o un desencuentro burocrático entre dependencias, sus palabras se antojan genuino y firme convencimiento.
Tan categórica es su resistencia a ceder a la solicitud estadunidense de captura con fines de extradición de Rocha Moya y sus probables secuaces, que cabe la remota posibilidad de que el Departamento de Justicia tiene contra los acusados una vil sarta de chismes, tan indemostrables como los que llevaron a la efímera detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, o los usados para juzgar y sentenciar al ex titular federal de Seguridad, Genaro García Luna.
En el caso de Rocha Moya y los otros, sin embargo, los cargos cobran verosimilitud por el verificable narcoapoyo en su elección como gobernador y más por la entrega voluntaria de dos de sus coacusados en Estados Unidos, los ex responsables de Seguridad y Finanzas.
Del amago de Carter ––coincidente casi con el bombazo que mató al líder del Tren de Aragua––, restándole importancia a una operadora clave de la política en contra del “narcoterrorismo” que Trump tiene en el centro de sus prioridades, Sheinbaum dijo antier que no respondería a las afirmaciones de “cualquier” funcionario estadunidense.
Su refrendado apoyo a La banda de los diez se da cuando no se apaga el escándalo por la interpretación de un narcocorrido en el salón de sesiones del Congreso de Michoacán, convertido en escenario para exaltar a personajes del crimen organizado.
El incidente alerta sobre el grado de normalización y penetración cultural que han alcanzado los carteles en espacios públicos y políticos. Más que una anécdota vergonzosa, delata la atmósfera en que las fronteras entre la condena institucional al crimen y la tolerancia se difuminan peligrosamente.
Por eso inquieta la insistencia oficial en restar importancia a las señales que llegan de Washington.
Lo de Michoacán se suma a los hechos que el trumpiato observa con creciente inquietud, pero que los nacional-populistas mexicanos prefieren ignorar o tomar a broma…
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@CarlosMarin_soy
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