Mientras esa discusión no llegue al Congreso de la Unión, cada proceso electoral volverá a enfrentar el mismo dilema: exigir al árbitro soluciones que rebasan las facultades que la propia ley le concede
El estreno de los nuevos partidos en la herradura de la democracia fue en una sesión extraordinaria. Los consejeros electorales debían resolver una docena de asuntos con urgencia, entre ellos actualizar el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia, al que se añaden Somos México y el PAZ. No obstante, la lista pasó de 65 a 54 agrupaciones políticas nacionales.
Paradojas del sistema de partidos. Encuentro Social, el partido fundado por Hugo Éric Flores lleva siete años en proceso de liquidación, pero el legislador morenista es experto en cambiar de cachuchas. El último punto del orden del día generó expectativas. El consejero Jorge Montaño finalmente presentaría su propuesta de lineamientos para regular los procesos políticos en curso. La primera intentona, del consejero Arturo Castillo Loza, no prosperó y en las semanas recientes, un bloque de consejeros insistió en atender las exigencias de un sector de la academia y la sociedad civil, para “frenar” la promoción anticipada.
Antes de que arrancara la sesión, el asunto fue desenlistado. Somos México fue la única organización que públicamente insistió en mantener el proyecto en el orden del día y resolverlo de inmediato. Nuevamente quedó expuesto que al interior del INE todavía no existen consenso sobre este polémico tema. Y la nostalgia de algunos exconsejeros electorales que ahora representan partidos, que se olvidan que ahora solo tienen voz.
Por el caso Ruffo y la negativa para establecer límites a los partidos políticos que han anticipado sus procesos políticos, se alzó la voz. Será el primero de muchos intercambios puntillosos entre los representantes de Morena y Somos México. Los nuevos integrantes del Consejo tomarán condición muy rápido.
Sin los votos suficientes, cualquier propuesta está destinada al fracaso. Mientras públicamente, algunos consejeros insisten en que el Instituto debe poner orden a las campañas adelantadas, el debate interno sigue en sus términos: la autoridad administrativa enfrenta límites constitucionales.
Es un debate recurrente. La discusión sobre los procesos políticos previos al inicio formal de las campañas ha ocupado al Consejo General al menos las últimas tres elecciones federales. Desde entonces se han emitido acuerdos, criterios jurisdiccionales, proyectos de lineamientos y múltiples deliberaciones. Sin embargo, el vacío normativo persiste porque la discusión de fondo nunca ha sido exclusivamente administrativa, sino legislativa.
Por ello resultó significativo que la mayoría de las representaciones partidistas respaldara abrir una nueva etapa de diálogo antes de aprobar reglas que podrían terminar nuevamente bajo revisión jurisdiccional. La decisión privilegió la construcción de consensos sobre la premura.
La sesión dejó una conclusión difícil de rebatir: el INE no ha permanecido inmóvil. Lo que sigue pendiente es una definición legislativa que establezca reglas generales para un fenómeno que ya forma parte de la realidad política mexicana, pero que continúa sin una regulación expresa.
Mientras esa discusión no llegue al Congreso de la Unión, cada proceso electoral volverá a enfrentar el mismo dilema: exigir al árbitro soluciones que rebasan las facultades que la propia ley le concede.
Efectos secundarios
PENDIENTES. Los reclamos del SAT a los directivos de la extinta Interjet llegarán al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reapertura de este expediente revive el debate sobre las decisiones que tomó la familia Alemán y el alcance de la responsabilidad solidaria de sus socios.
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