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Aunque todo indica que la investigación legal lo probará, en estricto rigor (nueva justicia penal: presunción de inocencia) el militar que muy probablemente mató a un presunto delincuente ya sometido cometió un homicidio.

Que si las circunstancias (esa noche los huachicoleros asesinaron a cuatro soldados), que si la adrenalina, que si el coraje, que si lo que sea, ese individuo perpetró un crimen y ha de pagarlo como en justicia proceda.

Grave asimismo es que otros de sus compañeros degradaran su uniforme al intentar encubrir la atrocidad mediante el desmantelamiento de al menos dos cámaras de vigilancia, y que junto con éstos deban responder también los mandos inmediatos superiores de la escuadra, pelotón, sección, regimiento o cualquiera que haya sido la unidad específica a la que estaban adscritos quienes resulten responsables.

Imprescindibles hoy en tareas contra la delincuencia organizada, las fuerzas armadas, por sí solas, no pueden resolver nada, de no ser haciendo equipo con las autoridades civiles, y sujetas todas a protocolos precisos que fije una ley de seguridad interior.

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