¿Y el caso Calica?

Aunque era competencia de Tatiana Clouthier, entonces secretaria de Economía, las negociaciones con Vulcan Materials sobre el predio concesionado a esa empresa para la explotación de materiales pétreos y la terminal marítima ubicada en Playa del Carmen encoraron en el Palacio de Covián.

En ciernes, un arbitraje internacional. Con el respaldo de la embajada estadounidense, los representantes de SacTun acudieron a la mesa de conciliación y aceptaron la oferta realizada —a nombre del Ejecutivo federal— por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández: conceder un permiso aduanal para trasladar la reserva de material ya extraído, determinar si el banco de materiales pétreos podría ser utilizado en la construcción de las obras del Tren Maya, autorizar el inicio de la ampliación de Punta Venado para la construcción de un puerto de cruceros y estudiar el desarrollo de un parque ecoturístico.

Era abril del 2022. El Ejecutivo federal condicionó la autorización de ese plan a la cancelación definitiva de las operaciones extractivas. Incluso, ofreció comprar las más de 2,000 hectáreas de terreno concesionadas a Calica, en el precio que determinara el Indaabin, para reconvertirlas en un parque natural. La empresa rechazó el ultimátum y entonces, la Profepa procedió a la clausura de las instalaciones, el 6 de mayo del año pasado.

El caso Calica pasó entonces a la jurisdicción de la Semarnat, cuya titular María Luisa Albores, ahora busca cumplir la instrucción presidencial de ampliar las reservas naturales y garantizar la preservación de las áreas protegidas. Allí está la declaratoria recién publicada en el Diario Oficial de la Federación para 13 nuevas reservas en predios de Fonatur en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

En la víspera, el presidente López Obrador había anticipado un decreto que emitirá para declarar área natural protegida aquellos predios de Calica que aún no han sido impactados por la extracción de piedra caliza. Sería de facto una expropiación. El interés real detrás de toda la estrategia, incluyendo la compra de los terrenos por 350 millones de dólares, es la misma que al inicio: convertir las áreas impactadas en un parque ecoturístico administrado por la Sedena, recuperar para el gobierno la terminal marítima privada de Punta Venado e impedir que la compañía estadounidense siga operando en nuestro país.

Vulcan Material insistirá en el fallo del arbitraje internacional que interpuso ante el CIADI, mismo que —según su versión— el gobierno de México va perdiendo. Y ni hablar de una mesa de concertación con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, o de nuevas gestiones con Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía.

Efectos secundarios
REVIVOS. Por mandamiento judicial, el Pleno del Inai retomará sus sesiones públicas para resolver 8,314 recursos de revisión. En su victimización, las comisionadas del órgano autónomo quisieron achacar ese acumulado a su confrontación con el Ejecutivo federal, aunque ese rezago se remonta a finales del sexenio peñista. El deceso del entonces comisionado en circunstancias nunca aclaradas fue un indicio de una debilidad institucional nunca corregida. Lo que no dicen las comisionadas es que Óscar Guerra y Eugenio Monterrey, dos exintegrantes del pleno, fueron contratado y sus ponencias quedaron intactas, por lo que ahora sí no hay pretextos para desahogar los pendientes. Mientras, una jueza federal emplazó nuevamente al Senado de la República para concluir con el nombramiento de los tres comisionados, pendientes.