¿Voto de castigo en 2021?

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Alberto AguirreSignos vitales

Paradójicamente, la polarización que tanto le reclaman al Ejecutivo federal sería uno de los factores que abonaría a un incremento en el flujo ciudadano a las urnas

El sexenio lópezobradorista afronta su futuro. La consolidación o el freno de la Cuarta Transformación es el dilema a resolver dentro de 10 días en las urnas.

Durante las campañas, Morena y sus adversarios han puesto al país entre el abismo y la salvación. Y sin figurar en la boleta, el Ejecutivo federal ha abonado a la polarización. La concurrencia de las elecciones de medio término con la renovación en 15 gubernaturas y 30 entidades con comicios para elegir alcaldes y Congresos locales han configurado el proceso más grande de la historia contemporánea.

Ahora mismo, la tensión de los últimos meses, más que la pandemia, se erige como el principal condicionante para la participación ciudadana. El peor escenario paulatinamente se materializa: las agresiones sufridas por candidatos de todas las fuerzas políticas podrían inhibir a los votantes, pero la temprana desacreditación de las autoridades electorales, las múltiples denuncias de irregularidades y las sospechas de fraude anticipan conflictos postelectorales.

¿Y la anulación de los resultados en media decena de gubernaturas? La semilla de la desconfianza hacia la autoridad electoral ha germinado; igualmente, la idea de que es necesario reformar el sistema electoral, sin importar lo que pase el próximo 6 de junio.

En los últimos cinco lustros, el abstencionismo se ha disparado en las elecciones intermedias y los comicios presidenciales son los que incentivan a la población a votar. La excepción ocurrió justo hace 20 años, a la mitad del sexenio salinista y podrían asumirse como un aciago presagio: el partido entonces gobernante —PRI— obtuvo la victoria en 290 de los 300 distritos electorales, con 57% de la votación válida.

Entonces la alta participación legitimó al sistema partidista y fortaleció al ganador de la mayoría. Tres años después ocurrió la elección más concurrida de la historia (1994), con 76% de votantes en las urnas. El levantamiento zapatista, por un lado, y los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu alentaron al voto de miedo

Los estudiosos del comportamiento electoral estiman que dentro de 10 días acudirá hasta 55% de Lista Nominal de electores, compuesta actualmente por 93 millones de ciudadanos. Si este escenario se cumpliera, serían siete puntos más que en la elección inmediata anterior comparable (2015, 48 por ciento). Entre los motivantes del abstencionismo, el temor de contagiarse de la Covid-19 no figura como un factor determinante. Las suspicacias sobre la limpieza del ejercicio, por el contrario, sí afectan la propensión a votar.

Paradójicamente, la polarización que tanto le reclaman al Ejecutivo federal sería uno de los factores que abonaría a un incremento en el flujo ciudadano a las urnas.

Las prioridades, en Palacio Nacional y en los comandos de campaña de las fuerzas partidistas, están volcadas en la próxima conformación de la Cámara de Diputados federal. Lo cierto es que el elevado número de cargos en disputa, combinado con la mejoría de la situación del Covid-19 en el país, junto con una adecuada comunicación sobre las medidas sanitarias, harán que la participación sea mayor respecto de las tres últimas elecciones federales intermedias. Pero una cosa es la competencia política y otra muy distinta, el comportamiento electoral.

¿La apatía electoral correspondería más con el ánimo de los ciudadanos tras el confinamiento y la polarización, que con el robustecimiento de la cultura política? Cuando hay crisis económica viene un voto de castigo. Cuando hay conciencia de que la participación puede hacer la diferencia, es mayor la probabilidad de votar.

Efectos secundarios
DECLARATORIA. Con el respaldo de 18 Congresos estatales, la reforma a la fracción XXIII Bis al artículo 73 constitucional en materia de seguridad privada quedó ratificada y el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, el Congreso federal deberá expedir una nueva Ley General de Seguridad Privada y un Registro Nacional. El presidente del organismo representativo de las asociaciones del ramo, Armando Zúñiga Salinas, saludó este avance legislativo pues abona a un mayor orden y certeza jurídica para las casi 8,000 compañías que ofrecen esos servicios en los 32 estados de la Federación, con una cobertura de 600,000 guardias especializados.

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