Vorágine preelectoral

1. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial emplazó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal: si quiere llegar al próximo Congreso federal, el mandatario panista deberá dejar su cargo a más tardar dentro de una semana.

Quedaría un mes para la cita electoral. Las mediciones más recientes apuntan a un empate entre el abanderado frentista, Renán Barrera, y el candidato oficialista, Joaquín Díaz Mena, quien durante las últimas dos semanas ha tenido que hacer frente a la guerra sucia: primero, por su patrimonio y después, por su alianza con el cerverismo, que incluiría a la exgobernadora Ivonne Ortega.

En víspera del debate entre los contendientes, el equipo de Huacho Mena ha acopiado información sensible. El desfalco a las pensiones estatales, que involucra a la firma Escorfin, del empresario Roberto Guzmán, es un tema que involucra a Vila, a Barrera y al exmandatario priista Rolando Zapata, quien también estará en la boleta electoral, como candidato al Senado.

A la luz del debate sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, en este espacio se expuso (¿Burocracia jineteada?, 22 de abril) la petición que la administración estatal formuló ante la Federación, para afrentar las obligaciones del llamado Isstey Plus. Y se aludió a la intervención de Bursamétrica, como fiduciario del sistema de pensiones de los trabajadores del ayuntamiento de Mérida.

La información actualizada sobre el SIRJUM es la siguiente: el saldo actual asciende a 1,163 millones de pesos, de los que se han dispuesto 41.7 millones para el pago de pensiones o retiros efectuados por los beneficiarios. El saldo del patrimonio administrado asciende a 1,260 millones, lo que implica rendimientos generados por 186 millones.

“No hay burocracia jineteada, ni escamoteo del dinero ahorrado por los burócratas meridanos”, según los directivos de Bursamétrica.

2. A primera hora del miércoles, en la sesión habitual de la Mesa para la Construcción de la Paz conducida por el secretario general del gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, hubo caras largas. El secretario de Seguridad Pública, Andrés Andrade Téllez, mantuvo su actitud petulante y acusó recibo de la última escalada del fuego amigo. “Por ahora no se vislumbran cambios”, refieren colaboradores cercanos a la maestra Delfina Gómez. El ajuste –complementan— ocurriría hasta septiembre y depende del resultado electoral, no de los pleitos internos.

Duarte mantiene su posición. Igual, los titulares de Finanzas y Seguridad. El gobierno, enfocado en sus tareas, mientras que en el terreno electoral, el Grupo Acción Política –encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda— buscará consolidar su hegemonía, tras de conquistas las nominaciones morenistas en los municipios más importantes de la entidad, a saber: Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca, Tlalnepantla, Tultitlán y Tultepec.

La sacudida en el gabinete mexiquense no es inminente. Pero el fuego amigo, inocultable. Y en los pasillos de la Plaza de los Mártires ayer se señalaba profusamente a la suspensión de los pagos de los contratos firmados por un consorcio empresarial con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Lo curioso es que esta institución es ajena a la Secretaría de Finanzas de la entidad. Estos contratos están avalados por Alfonso Rodríguez Manzanedo, coordinador de Administración y Finanzas del Instituto, quien pasó por el IMSS y el ISSSTE.