Sí: el rigor académico está en vías de peligro, pues el gobierno quiere eliminar el examen de admisión para determinar el ingreso de estudiantes a universidades y preparatorias públicas sin mediciones de conocimientos, al considerar que estas pruebas significan un mecanismo de exclusión
Vivir sin leer te obliga a creer lo que te dicen. Mal andamos aquí, donde los ciudadanos gastan 500 pesos en libros al año, y tres mil en alcohol y cigarros… al mes. O donde los programas de entretenimiento dominicales en la tele son seguidos por 10 millones de personas.
En cambio, el domingo, la primera consulta en el país para decidir la reelección de un gobernador reunió sólo al 1.7 por ciento del padrón electoral de Baja California. Y Jaime Bonilla, un político que hasta hace poco enfrentaba a la migración mexicana en Estados Unidos, se reelegirá.
Bonilla es un ex militante del Partido Republicano, ocupante de cargos públicos allá, ex colaborador del ultraderechista y candidato presidencial John McCain y apoyó su propuesta de 2008 para encarcelar a inmigrantes ilegales, construir un muro y detener a personas de aspecto latino.
En muchísimos documentos oficiales domésticos se lee aún la leyenda de “sufragio efectivo, no reelección” (lema de campaña de Madero en 1910), pero en Baja California la reelección automática de su gobernador escasamente le interesó al 1.7 de los votantes.
Así vivimos: no se nos está dando el pensar detenidamente sobre cuestiones cruciales. Y el gobierno redujo 3.43 por ciento el presupuesto para 2020 a las tres principales instituciones públicas de educación superior del país. Son las que tienen mayor demanda y matrícula.
El Presupuesto golpea con singular énfasis a la UNAM, la UAM y el IPN, además de que recorta las becas para universitarios. Sin embargo, destina mil millones de pesos para crear 100 universidades del gobierno, a las que pueden entrar los estudiantes sin índice académico ni historial de estudios.
Sí: el rigor académico está en vías de peligro, pues el gobierno quiere eliminar el examen de admisión para determinar el ingreso de estudiantes a universidades y preparatorias públicas sin mediciones de conocimientos, al considerar que estas pruebas significan un mecanismo de exclusión.
Encima, los diputados y los senadores votaron en favor de que la CNTE decida el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en el sistema educativo, sin pasar por evaluación alguna, y que se otorguen las plazas en automático para los egresados de las normales.
La rectoría de la educación pasó de manos del Estado a la CNTE, que mangonea al magisterio en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, los tres estados que concentran al mayor número de menores de 15 años que no terminan la educación básica, y donde el 30 por ciento de los niños no va a clases.
Todo esto nos lleva a pensar que cada vez será más baja la capacidad de entendimiento de los votantes en nuestras elecciones.
Un campo de cultivo fértil para la comunicación facilona y la demagogia.
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