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En paralelo con la disputa PGR-GIEI por el basurero de Cocula siguen corriendo consignas, insinuaciones y suposiciones que van del “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y la exigencia de “presentación con vida” de los desaparecidos, a la calumnia: el Ejército participó en un “crimen de Estado” y la versión oficial “es una farsa”.

De confirmarse tales especies, muchos (o todos) de los casi 120 consignados recuperarán su libertad y el crimen quedará impune.

Pero Vidulfo Rosales, dirigente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de los padres de las víctimas, comparte sin tapujos la conclusión esencial del MP:

El martes, con Carlos Loret de Mola, declaró en Radio Fórmula:

“Lo que más queremos es que se castigue a Guerreros Unidos. Como ya estoy diciendo, nuestra preocupación es que Guerreros Unidos sigue estando intacto. Desde nuestro punto de vista, en Iguala no ha sufrido un desmantelamiento. Nosotros no tenemos que proteger a criminales, y menos a la gente que junto con la policía desapareció a nuestros compañeros y los asesinó…”.

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