Cuando una decisión involucra los mecanismos de revisión de los recursos públicos federales, informar sobre sus fundamentos también forma parte del ejercicio de rendición de cuentas
La decisión de Veracruz de no suscribir el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coloca al estado entre las únicas dos entidades del país que permanecen fuera de este mecanismo nacional de coordinación.
El dato resulta relevante porque el convenio tiene como propósito fortalecer la revisión de los recursos públicos federales mediante auditorías coordinadas entre la ASF y los órganos estatales de fiscalización. Mientras la mayoría de las entidades ya formalizó su adhesión, Veracruz decidió seguir una ruta distinta.
Hasta este momento, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos de esa determinación. Esa ausencia de información ha propiciado diversas versiones, entre ellas la que relaciona la decisión con la participación de despachos externos en los procesos de fiscalización, un esquema que presuntamente no sería compatible con los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación. Sin una explicación institucional, esa versión no puede darse como un hecho.
El convenio contempla acciones específicas para mejorar la fiscalización del gasto federalizado. Incluye auditorías coordinadas, revisión en tiempo real de los recursos, intercambio de información y buenas prácticas, capacitación para el personal auditor y la homologación de procedimientos. También fortalece las facultades de las auditorías estatales para revisar el destino de las aportaciones federales.
La Auditoría Superior de la Federación ha continuado firmando estos acuerdos con gobiernos estatales como parte de una estrategia nacional para reforzar las tareas de control, vigilancia y fiscalización del gasto federalizado. Conforme avanzan esas adhesiones, Veracruz permanece entre los pocos estados que no forman parte del esquema.
La información pública disponible confirma que el estado decidió no integrarse al convenio. Lo que permanece pendiente es conocer la postura oficial del ORFIS. Cuando una decisión involucra los mecanismos de revisión de los recursos públicos federales, informar sobre sus fundamentos también forma parte del ejercicio de rendición de cuentas.
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