Venezolización de la vivienda en la CDMX

Martí Batres quitó de la Constitución capitalina el principio de “respeto a la propiedad privada”. Y Clara Brugada le acaba de imponer a los propietarios de viviendas, la obligación de avisar a su gobierno qué están haciendo con la vivienda que compraron.

La vivienda vive un proceso de venezolización en la CDMX, en coincidencia con la instalación a trabajar con la 4T del comunista español Pablo Iglesias, a quien Hugo Chávez le pagaba 1,36 millones de euros como asesor.

Chávez también le financió a Iglesias un partido en España: Podemos. El dinero chavista lo catapultó hasta la vicepresidencia de España. Ahora está en México, como dueño del Canal RED, tutelado por Rusia y al único que López Obrador dio una entrevista.

Iglesias es uno de los santones de la 4T y de su cabeza viene la venezolización de la vivienda en la CDMX. Antes, Iglesias intentó que se aprobara una ley que llamó La patada en la puerta, según la cual podías vivir en las casas desocupadas, sólo pateando la puerta.

Decía el Proyecto de Ley del comunista Iglesias: “Quien no ocupe ni rente alguna vivienda de su propiedad, ésta puede ser ocupada por alguna persona necesitada”. Claro, mientras buscaba aprobar esa ley, el comunista Iglesias se compró una mansión.

Sí, por un lado, el santón de la 4T planteaba la Patada en la Puerta, pero por el otro se compró en 800 mil dólares un chalet en las afueras de Madrid, con una extensión de 260 metros cuadrados habitables, dos mil metros de jardín y alberca.

Su influencia en el gobierno de la CDMX ha hecho que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, imponga en el Código Fiscal capitalino el requisito para que los propietarios de inmuebles con valor mayor a 4.5 millones, informen sobre el uso que les dan.

En Venezuela, el dictador populista, Nicolás Maduro, también va detrás de cuatro millones de viviendas de venezolanos que no las están ocupando, porque se han ido del país en espera de que mejoren algún día las actuales crisis económica y de seguridad.

La convocatoria de Maduro está disfrazada de “censo”, y es denunciada por dirigentes comunitarios y víctimas de invasiones como un operativo para ubicar inmuebles desocupados y llenarlos con usurpadores; e inmuebles en desuso para expropiarlos.

En la CDMX, el gobierno morenista ordenó agregar en el artículo 132 Código Fiscal, que los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial deberán presentar “una declaración informativa” sobre el estado que guardan sus inmuebles.

Te obligan a decirles si vives en tu propiedad, la rentas, prestas o compartes: al puro estilo de “qué onda, qué o qué con tus cosas”.

No tardan en pedir la patada en la puerta.