Una vileza magistral

A costa de exhibirse como partidista y estulto, el magistrado José Luis Vargas Valdez emprendió una rabiosa embestida contra la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, delatando el coraje que sufre por haber fracasado en su intento de que la inapelable institución desconociera el resultado electoral de la gubernatura de Puebla.

Sostuvo que la señora utiliza las redes sociales para desacreditar su propuesta anulatoria, a pesar de que fue él quien, traicionando la neutralidad a que está obligado, anticipó también y promovió en las redes el proyecto que, habiendo empatado, se decidió en contra por el voto de la señora.

Otálora respondió por Twitter al reproche, recordando que la función jurisdiccional en materia electoral exige un liderazgo cimentado en estricto derecho, que fue electa para estar cuatro años al frente y que cuenta con el apoyo de los demás integrantes de la Sala Superior (con ella suman siete).

“Es mi responsabilidad la protección de la confianza y el profesionalismo del TEPJF. Por ello reitero que quien esté inconforme con su desempeño debe exigir, más allá de legítimas opiniones en medios, el esclarecimiento formal de los motivos de su inquietud”, argumentó.

Vargas es autor de la propuesta sobre el caso Puebla impugnado por Morena, en el cual concluyó que la elección debía ser anulada por las irregularidades detectadas, pero el voto decisorio de Otálora ratificó el triunfo de la candidata de Acción Nacional, Erika Alonso, sobre Miguel Barbosa.

En vez de exponerla ante sus pares, propaló la ponencia en su cuenta de Twitter el 2 de diciembre (una semana antes de que fuera votada), con el marrullero argumento de querer frenar cualquier intento de presión hacia los magistrados y abonar a la “transparencia” del caso.

Ante esta bochornosa confrontación, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (la encabeza el magistrado Lorenzo Wong Meraz) emitió un comunicado en que respalda el desempeño de Otálora porque los señalamientos contra los magistrados atentan contra su autonomía e imparcialidad:

“Siendo conscientes de que la adopción de cualquier criterio en la resolución de los asuntos que se ventilan en el desempeño de su cargo constituyen un mero ejercicio de deliberación e interpretación legal propio de los órganos de impartición de justicia, por ningún motivo pueden ser objeto de acusaciones ni señalamientos que pretendan tener como consecuencia la remoción de un cargo. Considerar lo contrario atentaría en contra de la autonomía y la imparcialidad del máximo órgano jurídico electoral de la nación y, en consecuencia, del libre ejercicio de la función jurisdiccional”.

Pese a que anoche se supo que Otálora y Vargas “superaron sus diferencias”, al oportunista ministro solo queda apechugar que, al menos en este caso, el servilismo político de nada le sirvió.

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