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Poderoso hasta el último día, el presidente ordenó reservar (hasta por cinco años después que deje el cargo) la información sobre el desfalco de 20 mil millones de pesos durante la gestión en Segalmex, de Ignacio Ovalle, su exjefe en los años mozos.

Pero lo de Segalmex no son sólo 20 mil millones robados en los ojos de Ovalle, hoy funcionario de Segob. Segalmex violó sanciones de EU al dictador Maduro por capturar el órgano electoral, usurpar el gobierno y cometer crímenes de lesa humanidad.

El contacto de Segalmex con Maduro era Joaquín Leal, empresario surgido en la multimillonaria red de tráfico de influencias, integrada por jóvenes enchufados en sectores del actual gobierno, que otorga a dedo ocho de cada 10 negocios públicos.

Sin embargo, Segalmex es una más de las informaciones que (a ciudadanos mexicanos que les interese la información) no se podrán conocer hasta mucho después que acabe el tiempo legal del actual gobierno.

Otros temas guardados bajo siete llaves son los relaciones con la construcción del Tren Maya, el asilo político otorgado a Evo Morales, caso del trabajo de los espías rusos en México, el del avión de terroristas iraníes que hizo escala en Querétaro…

Todas esas informaciones son consideradas un riesgo de la seguridad nacional, al igual que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, con sus estudios de aeronavegabilidad, factibilidad económica, impacto social, conectividad, logística, plan maestro.

Entre todas, llama la atención el argumento del gobierno para impedir el acceso a la información sobre el asilo político y CURP concedidos en 2019 al entonces recién defenestrado presidente boliviano, luego de que tiró el sistema en las elecciones.

Todo sobre el “hermano Evo”, como lo calificó el excanciller Marcelo Ebrard, está blindado porque “afectaría la economía y la seguridad nacional y acciones de inteligencia y contrainteligencia y temas de bombas atómicas”.

Igual, lo de los espías rusos que operan en México, debido a que “afectaría la imagen de México en el exterior, implicaría menoscabo de la convivencia armónica entre los sujetos internacionales y vulnera la confianza del intercambio de información”.

Otra información guardada es la del operativo tras el que fue liberado el Ovidio Guzmán (el “Culiacanazo”), cuando el jefe de seguridad estatal era el que lo es hoy en el Edomex, Cristóbal Castañeda; y el federal era el hoy gobernador del estado, Alfonso Durazo.

Así que pueden estar tranquilos todos los funcionarios o exfuncionarios implicados en estos asuntos reservados. En cambio, tienen que estar inquietos muchos de quienes publicaron estos temas, porque la información sobre ellos fluye constantemente.

Al final, nunca fueron un propósito la transparencia, el derecho a la información, ni tampoco la rendición de cuentas.

Porque nada de eso da votos.