No puedo saber a la hora de escribir este artículo, 2 de la tarde del sábado 6 de junio, cuál será el resultado de las elecciones celebradas ayer, domingo 7. Sé lo que ha pasado antes, durante los meses de campaña, y la recapitulación de eso que ha pasado merece, creo, la más seria de … Continued
No puedo saber a la hora de escribir este artículo, 2 de la tarde del sábado 6 de junio, cuál será el resultado de las elecciones celebradas ayer, domingo 7.
Sé lo que ha pasado antes, durante los meses de campaña, y la recapitulación de eso que ha pasado merece, creo, la más seria de las consideraciones.
No recuerdo una temporada en que con mayor flagrancia y tolerancia se haya violado la ley en tantos frentes. Empezando por las avalanchas delincuenciales de organizaciones y activistas que queman palacios municipales, saquean sedes de partidos, bloquean autopistas, aeropuertos y avenidas.
Su intención y aún su exigencia declarada es la interrupción del orden constitucional del país: sabotear las elecciones. La respuesta del gobierno ha sido negociar con ellos, acomodarse él mismo en el terreno de la ilegalidad para poder negociar y tolerar, con perdón previo, la comisión de delitos de sus interlocutores.
Otro frente de ilegalidad flagrante ha sido la epidemia de filtraciones ilegales. He citado aquí el artículo 211 bis del Código Penal Federal que castiga con pena de cárcel a quien graba ilegalmente conversaciones, pero también a quien las divulga, en este caso la prensa nacional. Vuelvo a citar el artículo por si alguien se anima a creer que existe y a echarle un ojo para normar su conducta.
Artículo 211 Bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa.
El frente electoral mismo ha sido una fiesta de suspensión del Estado de Derecho. Las causales de nulidad de elecciones previstas por la ley son tres:
Excederse en el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la Ley.
Recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Las tres prohibiciones han sido moneda de uso corriente en las campañas que terminaron en la elección de ayer. En estricto derecho, habría que declarar nulas casi todas las campañas.
Agréguese a esto el frente ilegal de la suspensión de la evaluación educativa y el frente de la persecución del crimen organizado, donde el Estado se empeña, ahí sí, en hacer cumplir la ley, pero con pobres resultados.
El panorama resultante es el de un país que suspendió de facto su Estado de Derecho durante la temporada electoral. La paradoja es que no se desmorona, y aún da muestras de una institucionalidad resistente, capaz no de castigar, pero sí de aguantar tantos atentados rutinarios contra sus leyes.
Minuto a minuto
