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Supóngase que el diagnóstico del oficialismo sobre el Poder Judicial es acertado y respóndase si la elección popular de jueces, magistrados y ministros lo regeneraría.

“Está podrido”, sostiene el presidente López Obrador. Es “corrupto”, pero en ayuntamientos, congresos, gubernaturas y presidencias de la República ha habido corruptos, todos “votados por el pueblo”.

Entre las patrañas que se esgrimen para intentar justificar la demolición del actual sistema de justicia está que la mayoría del electorado sufragó “por el plan C” de AMLO para sacar 18 reformas constitucionales, de manera prioritaria las del Poder Judicial, la política-electoral y la desaparición de los órganos autónomos.

Falso: lo único que figuró en las boletas electorales fueron candidatos y partidos.

Aceptar que se votó por el plan C sería tan descocado como suponer que en 2018, cuando López Obrador ganó la Presidencia, se votó por la política de “abrazos, no balazos”, la muerte de las estancias infantiles, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la extinción del Seguro Popular, la no rifa del avión presidencial, la creación del abortado Insabi, la farmacia de Santa Claus en Huehuetoca, el desabasto de medicamentos, la reducción de las matemáticas y la ideologización infantil en los libros de texto gratuito, la construcción del Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, la exhumación del caso Colosio, la satanización de periodistas y medios, la descalificación de la UNAM y otras ocurrencias que tampoco aparecieron en las boletas electorales.

En la política se contempla la desaparición de las representaciones plurinominales que conducen a la dictadura de las mayorías a costa de las minorías que en una genuina democracia se deben respetar.

La electoral implica el descuartizamiento del INE y la evaporación de sus equivalentes en las 32 entidades, pese a que nadie se queja de su desempeño en las elecciones recientes.

De los órganos autónomos, se quiere que las funciones del INAI las absorba la Secretaría de la Función Pública; la de Competencia la de Economía, la de Telecomunicaciones la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y las de la Comisión de Energía la secretaría del ramo.

O sea, que el gobierno maneje a discreción sus turbiedades.

Pero sobre la reforma que cimbra la estructura de contrapesos republicanos, la del Poder Judicial, también se arguye (lo hizo el domingo con Víctor Hugo Michel en MILENIO Tv el morenista Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente del Senado) que “desde hace 200 años no hay paridad de género” en el sistema de justicia “misógino y machista” y que solo hay unas cuantas juezas y magistradas federales, cuando lo cierto es que son alrededor de 500 entre los más de mil 600 juzgadores de carrera que se quiere despedir.

Señalamientos infames (apenas hace un siglo se reconocieron los derechos políticos de las mujeres) y es pura demagogia invocar la paridad de género, porque en la propuesta presidencial ni siquiera se le menciona….