Para que el resultado sea vinculante se necesita que a las urnas acuda cuando menos 40 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral: 37 millones 400 mil votantes. ¿Y todo para qué?
El dictamen de ley sobre la revocación de mandato aprobada por la mayoría morenista y sus aliados del oportunista Encuentro Solidario, en las instancias de Gobernación y Estudios Legislativos, será discutido mañana en la Comisión Permanente del Congreso.
Para comprender el tema es imprescindible una consideración obvia: si la Constitución establece que los presidentes de México sean electos por seis años (por excepción cinco y 10 meses en el periodo actual) y Andrés Manuel López Obrador protestó respetar la ley fundamental, ¿por qué se muestra tan empeñado y viene alentando mucho más que nadie un ejercicio concebido específicamente para que una mayoría ciudadana lo eche o no del cargo a solo tres años de su gobierno?
Como planteamiento negativo, la revocación es lo contrario al positivo de una ratificación. ¿Alguien puede imaginar que a López Obrador le interesa una votación ideada para que salga de la Presidencia? Parte del problema de entender los apuros del Congreso (está en falta por no haberlo hecho antes del plazo que venció el 17 de junio) para sacar la ley en cuestión es que la pretensión se asemeja a las bochornosas ley Taibo y ley Zaldívar (abortada ésta), porque no es constitucional que se legisle para favorecer o perjudicar a un destinatario preciso.
¿Estamos ante el cocimiento de una ley AMLO? Lo prudente habría sido legislar para que el nuevo ejercicio aplicara en quien ocupe la Presidencia el próximo sexenio. Y que la Constitución, donde se fijan los seis años, sea remendada con el asegún de la consulta en el tercer año. Todo indica que AMLO, innecesariamente, busca lo ratifique una mayoría de votantes que marque no a la pregunta de si debe o no ser depuesto.
Para quien pase corriendo, pareciera que su oposición tiene la oportunidad de expulsarlo de la Presidencia y que los partidos adversarios movilizarán simpatizantes para recabar los tres millones de firmas que se requieren para que sea legal esta variante de “consulta ciudadana” (en realidad una elección, pero al revés: no para designar, sino para correr al mandatario). En tal escenario, lo único lógico sería que morenistas y morenianos hicieran lo contrario: desalentar la firma de la solicitud porque no quieren que AMLO abandone la Presidencia. Lo paradójico es que, siendo López Obrador el más interesado en la ratificación, serán sus seguidores quienes se ocuparán de obtener autógrafos, con la seguridad de que una mayoría de camaradas marcará no de las boletas.
Para que el resultado sea vinculante se necesita que a las urnas acuda cuando menos 40 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral: 37 millones 400 mil votantes. ¿Y todo para qué?
Para obtener el resultado previsible que perfilan las encuestas: 60 por ciento de aceptación popular de AMLO.
Eso quiere decir que la votación que se fragua no solo es fútil (el plazo presidencial está ya en la Constitución), sino porque el único desenlace predecible será la ratificación…
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